Los graduados sociales asumen siete millones de gastos indebidos

Los graduados sociales de la Región de Murcia denuncian que sus despachos asumen unas pérdidas por valor de 7,2 millones de euros debido a la «mala gestión de la Administración de Justicia, Seguridad Social, etc». Precisamente, estos profesionales se están viendo afectados a su vez por la huelga indefinida que mantienen los funcionarios de los tribunales en España. La protesta de los graduados sociales es consecuencia, según explicó el decano del Colegio de Graduados Sociales en la Región, Alfonso Hernández, ayer en una rueda de prensa, de asumir las funciones transferidas obligatoriamente a los despachos de los expertos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social sin compensación económica alguna».

Estos trabajadores están ejerciendo una actividad laboral no remunerada, recuerda Hernández Quereda, propia de las administraciones públicas que les causa un gasto millonario a su cuenta, horas perdidas y contratación de personal para gestiones que deberían ser asumidos por la parte pública.

El decano afirma que «las pérdidas que superan los siete millones son repercutidas a los despachos profesionales al tener que ejecutar funciones que se incrementan cada año desde las administraciones públicas y bajo la amenaza de sanción».

Pérdidas

El máximo representante del Colegio explicó que las pérdidas millonarias se calculan en base a que «el 25% de la jornada laboral diaria se dedica a realizar tareas que debería hacer la Administración. Cada despacho destina una media de 1,5 personas para las tareas de las administraciones públicas. El coste de una hora de trabajo es de 18,06 euros, teniendo en cuenta salarios de convenio colectivo».

Para cerrar la ecuación, el decano añade que «hay 600 despachos en la Región de Murcia, que dedican 666 horas de trabajo a pérdidas por despacho y año a tareas que son propias de las administraciones públicas. La consecuencia es que generan pérdidas de 12.027,96 euros anuales por despacho».

Falta de comunicación

La ineficiencia en la comunicación con la administración se ejemplifica en dos tareas que le son propias y que han sido transferidas a los graduados sociales sin que se puedan monetarizar de ninguna manera. En primer lugar, el decano señala que estos profesionales aportan el 100% de los datos de los autónomos para cálculo nueva cuota y, en segundo lugar, que estos trabajadores están obligados a mecanizar datos que la administración posee. «Como consecuencia, dedican recursos humanos que deberían ir a cargo de los servicios públicos», incide Hernández.

Desde el Colegio profesional se estima que hay un exceso de notificaciones y no regulación de plazos administrativos.