Inspección a los campings de la Región para retirar aseos, neveras o vallas de los propios clientes

Las primeras inspecciones a los campings de la Región de Murcia, tras más de medio año en vigor del nuevo decreto que los regula por primera vez, ha revelado un «uso indebido» por parte de los campistas de ‘larga estancia’ de las parcelas donde se encuentran instalados. Esta es una de las primeras conclusiones de los técnicos del Instituto de Turismo (Itrem) tras analizar cinco de los 18 campings que alberga la Comunidad. Al menos en cuatro de ellos se han hallado instalaciones fijas dentro de las parcelas alquiladas, lo que está prohibido por la reciente normativa regional. Sólo uno cumple con todos los requisitos.

En las revisiones de Turismo se han detectado parcelas alquiladas cerradas con vallas u otros materiales instalados por los propios clientes. Puertas de garaje, soldaduras de obras, cámaras frigoríficas, cocinas, trasteros, cuartos de baño, aparatos de aire acondicionado, ventiladores de techo, antenas parabólicas, letreros de ‘prohibido el paso’, muebles, botellas grandes de gas, fuentes y decoraciones en piedra, césped artificial o cenadores de obra, entre otras cosas que no están permitidas.

«Todo esto desvirtúa el uso que por definición debe hacerse de un camping, puesto que las parcelas no pueden ser alquiladas con contratos de larga duración, convirtiéndose casi en segundas residencias», apuntan fuentes de la Consejería de Turismo, de la que depende el Itrem. Los inspectores continúan estos días visitando campings de cara a la temporada de verano, cuando más usuarios suelen visitar estas instalaciones. Este modelo de ocio ha ido en aumento en los últimos años y más desde la pandemia, de ahí la necesidad de regular estos alojamientos.

El Itrem ha concedido un plazo tanto a los gestores de los campings como a los clientes para desinstalar estos elementos fijos. Sin embargo, esta advertencia ha levantado las críticas entre los usuarios de algunas de estas instalaciones.

Discrepancias en Bullas

En Bullas, el camping de La Rafa ha sido uno de los cinco inspeccionados por Turismo, donde las advertencias para retirar las instalaciones fijas ha puesto en pie de guerra a 40 clientes.

Estas familias, que mantienen sus parcelas desde hace años como una casa a la que asisten los fines de semana y en vacaciones, protestan por la decisión del Instituto de Turismo de desmantelar unas instalaciones propias que han tenido que construir, alegan, debido a los «pésimos servicios básicos» que tiene el camping. La gestora de este espacio de ocio, la sociedad municipal Bullas Turística, notificó a cada usuario hace casi un mes que, tras la revisión del Itrem, «se tiene constancia de que se han realizado montajes de elementos fijos en la parcela sin autorización que incumplen la mencionada legislación».

Los vecinos del camping son conscientes de que hasta ahora no estaban reguladas este tipo de instalaciones. El abogado Aurelio Ruiz, que representa a los usuarios afectados, señala que quieren negociar con el Ayuntamiento de Bullas y con la Consejería una prórroga para desinstalar los baños, fregaderos, casetas, electrodomésticos u otros elementos fijos que se han colocado en las parcelas hace años. Sin embargo, este paso deberá ir acompañado de una mejora sustancial de los servicios del camping, ante las protestas de los clientes por el estado de los baños, duchas, caminos de acceso, señales o instalación eléctrica, entre otras cosas.

La gestora les advirtió que podrían ser sancionados ante la negativa de no retirar sus elementos fijos y, además, se rescindiría el contrato de alquiler, algo que confirma a este periódico la Consejería. El incumplimiento «puede ser causa suficiente para la resolución del contrato de alojamiento sin derecho a indemnización alguna, y puede ser sancionable como infracción grave al campista». Además, la sanción también iría contra el camping, que podría perder su condición de alojamiento turístico.

Daños y perjuicios

El letrado subraya además que la falta de legislación permitió la instalación de estos elementos con el visto bueno «verbal» de los gestores, e incluso algunas cabañas de madera se vendieron sin que, ahora, los clientes sean «jurídicamente propietarios» de las mismas. Ruiz no descarta que los afectados pidan indemnizaciones por «daños y perjuicios», aunque la idea es negociar una prórroga y una mejora de las instalaciones generales del camping.

La gestora Bullas Turística señala por su parte que la intención del Ayuntamiento es reclamar una prórroga al Itrem para la desinstalación de los elementos fijos. El lunes habrá una nueva inspección y será entonces cuando se solicite este tiempo extra. Sin embargo, la gestora no considera que las instalaciones de La Rafa estén en malas condiciones, como apuntan los vecinos, y alega que recibieron la aprobación de la inspección de Turismo.

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