Murcia, la comunidad que menos eutanasias realizó el pasado año

La Región de Murcia es la comunidad autónoma española en la que menos eutanasias se practicaron durante el año 2022, según se desprende del informe presentado este jueves desde la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), con dos casos de los cerca de 300 que se registraron en toda España. La ley que regula este derecho entró en vigor en junio del año 2021 y desde entonces esta práctica está despenalizada en España, por lo que cualquier ciudadano que se encuentre en una situación terminal o con una enfermedad incurable puede solicitar la eutanasia a su médico de familia y que así se ponga en marcha la maquinaria a través del Comité de Garantías que existe en cada una de las comunidades autónomas.

Durante el pasado año un total de 295 personas, dos de ellas en la Región de Murcia, se acogieron a la eutanasia en España, aunque con una "gran disparidad" de implementación entre las comunidades autónomas, según Derecho a Morir Dignamente, que desde la entrada en vigor de la ley ha recogido toda la información posible para evaluar su puesta en práctica, identificar fallos y aciertos y proponer caminos de mejora.

Según los datos de DMD, se han realizado 370 eutanasias entre junio de 2021 y diciembre de 2022. De acuerdo con sus cálculos, "probablemente más de 1.000 la solicitaron".

"Es una buena noticia y la constatación de que era una norma necesaria. Es de esperar que la cifra crezca en los próximos años, a medida que este derecho se consolide entre la ciudadanía y mejore la respuesta de los servicios sanitarios", han resaltado los portavoces de DMD Fernando Marín y Fernando Sanz en rueda de prensa.

Así, en 2022, la eutanasia supuso menos del 0,07 por ciento del total de fallecimientos anuales en España. Este porcentaje, tal y como han recordado, está "muy alejado" del de países donde el derecho a la muerte asistida está bien asentado, donde representa entre el 1 y el 4 por ciento del total de defunciones.

"La implantación va despacio con respecto a otros países cercanos al nuestro que legislaron antes. Pero lo importante es que tenemos el derecho, no importa tanto la cantidad. Siempre será una forma minoritaria de morir. La propia Ley la define como una excepción", ha comentado Fernando Sanz.

Según el primer informe del Ministerio de Sanidad, publicado en febrero pero referido al periodo entre junio y diciembre de 2021, 32 personas fallecieron mientras tramitaban su solicitud de eutanasia. Murieron, en promedio, 31 días después de empezar el proceso. En este mismo informe se recoge que hubo 28 solicitudes que nunca llegaron a la Comisión de Garantías y Evaluación de la eutanasia (CGE). Se denegaron 25 solicitudes. Hasta siete personas interrumpieron la tramitación de su eutanasia.

Navarra, Catañuña y La Rioja, a la cabeza

El porcentaje en España, sin embargo, no es homogéneo entre comunidades. Mientras que en Navarra, Cataluña, La Rioja o País Vasco se practicó más de una eutanasia por cada mil fallecimientos (>0,1%), en otros territorios como Murcia, Extremadura o Galicia la muerte asistida tuvo una incidencia diez veces menor, de poco más del 0,01 por ciento.

En concreto, de las 295 eutanasias practicadas en España en 2022, 13 se produjeron en Navarra (0,206% de los fallecimientos); 91 en Cataluña (0,128%); cuatro en La Rioja (0,115%); 24 en País Vasco (0,101%); seis en Cantabria (0,085%); 38 en Madrid (0,076%); nueve en Asturias (0,064%); seis en Baleares (0,063); diez en Canarias (0,053%); ocho en Aragón (0,052%); 26 en Comunidad Valenciana (0,051%); ocho en Castilla-La Mancha (0,038%); 29 en Andalucía (0,036%); diez en Castilla y León (0,031%); tres en Extremadura (0,024%); ocho en Galicia (0,022%); y dos en Murcia (0,015%).

Para DMD, esta es "una disparidad muy acusada, difícil de explicar solo por diferencias socioculturales". Por ello, desde DMD sospechaban que estas diferencias entre comunidades se debía más bien a falta de accesibilidad e implementación.

Igualmente, a veces se ha producido un "mal manejo de la objeción de conciencia". "La obligación de todos los médicos es recoger cualquier petición de eutanasia que se les presente, firmarla y tramitarla. En caso de ser objetores de conciencia, deben informar de esta condición a su paciente y remitir la solicitud a sus jefes para que busquen otro facultativo. Tenemos constancia de casos de médicos que se niegan a hacerlo, así como de plazos excesivos para designar un profesional alternativo", han detallado los expertos de DMD.

Otro de los problemas son los "plazos excesivos". Según su información, en muchas comunidades la duración promedio de una prestación de ayuda para morir (desde la primera solicitud hasta el informe favorable de la Comisión de Garantia y Evaluación) es "muy superior a los plazos previstos por los legisladores". "Pese a que todo el proceso debería durar alrededor de 35 días, se extienden a menudo más allá de los 50", han detallado.

Aunque la Ley no fija plazos máximos para algunas fases criticas de la tramitación de una solicitud de eutanasia, desde Derecho a Morir Dignamente han lamentado que "no es razonable que todavía haya personas que requieren de varios meses para completar un proceso que, en las circunstancias adecuadas, puede hacerse con todas las garantías en menos de 25 días".