Murcia reclama en Bruselas ayudas para atajar la sequía

Los gobiernos de la Región de Murcia, Cataluña y Extremadura reclamaron este jueves en el Comité de las Regiones (CdR) «una respuesta europea» para hacer frente a la sequía actual y alertaron de la situación crítica que vive el sector agrícola en sus territorios por la escasez de agua. En un debate sobre sequía durante el pleno del Comité de las Regiones en Bruselas, los ejecutivos de Extremadura y la Región de Murcia pidieron a la Comisión Europea la activación inmediata de la reserva de crisis de la Política Agraria Común (PAC) para hacer frente a esta situación.

Las precipitaciones han caído un 26 % entre octubre de 2022 y principios de mayo de 2023, según señala la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en comparación con el mismo período de la temporada anterior.

La Región de Murcia instó a la Comisión Europea a «reaccionar cuanto antes» ante la sequía y a movilizar «los recursos que sean necesarios» de la reserva de crisis de la PAC. El director general de Unión Europea del Ejecutivo murciano, Adrián Zittelli, indicó que esta escasez de agua «no puede ser abordada con los fondos actualmente disponibles».

El CdR señaló que la sequía puede reducir a la mitad la producción de aceite de oliva y en un 25 % la de cereales y, según datos de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas (COAG), la falta de agua es una problemática generalizada en todo el país, ya que, según sus cálculos, afecta al 80% del campo español.

«Necesitamos más medidas de apoyo y cooperación entre administraciones a todos los niveles para asegurar la sostenibilidad de la agricultura, su viabilidad económica y, en algunos casos, incluso su supervivencia», aseveró Zittelli. El representante murciano destacó el papel que juega la agricultura para «frenar el avance de la desertificación en Europa» y apostó por extender técnicas como la reutilización de aguas residuales o el riego de precisión para maximizar el aprovechamiento del agua en la región mediterránea.

El cambio climático

Anteriormente, la Generalitat había culpado al Estado por el cierre del agua de regadío en el Canal de Urgell, la principal fuente de agua para los agricultores de la plana de Lleida y bajo el control de la CHE.

En Cataluña, la gestión del agua en la cuenca del Ebro recae en la CHE, mientras que en el resto de cuencas internas, como la del río Ter o Llobregat, la gestión es competencia de la Generalitat.