Denuncian al número 3 del PP de Cartagena por prevaricación

Diego Ortega, número 3 en las listas del Partido Popular de Cartagena para el próximo 28 de mayo, ha sido esta semana acusado en los tribunales de haber cometido los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público y tráfico de influencias cuando era concejal de Deportes del Ayuntamiento cartagenero. 

Para empezar, la empresa Floymape, antigua adjudicataria del servicio de limpieza del Pabellón Polideportivo de San Antón y Pista de Atletismo, acusa al actual edil de Infraestructuras de haber finalizado el contrato de la mercantil con el Consistorio de forma irregular. Ortega les remitió un oficio comunicándoles que el Ayuntamiento de Cartagena asumía el servicio de limpieza con medios propios. Sin embargo, no fue así, ya que quien terminó asumiendo la gestión fue la entidad deportiva privada UCAM Universidad Atletismo Cartagena.

Cesó el concierto con la empresa porque el servicio lo iba a asumir el Consistorio, pero al final recayó sobre la UCAM

Además, denuncian incompetencia del denunciado para tomar esa decisión porque ha de ser la Unidad Administrativa de Contratación y Compras quien lo haga. Asimismo, señalan que no existía resolución administrativa previa al oficio, paso necesario.

En Floymape subrayan que, de no haberse ocultado que otra entidad privada se haría cargo de los servicios, esta hubiera tenido que subrogar al trabajador que venía prestando el servicio por aplicación del Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios. Es decir, que la mercantil tuvo que despedir a un empleado que debía haber sido contratado por la nueva empresa. 

"Nada por escrito"

Fue entonces cuando la representante de Floymape se puso en contacto con el dirigente popular y le advirtió que le iban a denunciar por estos hechos. El 11 de enero, el concejal, que es vocal de la empresa Lhicarsa, propuso que fuera esta concesionaria municipal la que contratara al trabajador de Floymape que fue despedido, con un sueldo de 1.400 euros al mes. «Ante una propuesta de esta naturaleza, teniendo en cuenta que el señor Ortega le indicó que no podía quedar nada por escrito y que tenía que fiarse de su palabra, y, sobre todo, ante la posibilidad de que pudiera tener carácter delictivo ser cooperador necesario en una influencia que trata de conseguir una contratación directa en una concesionaria municipal por el responsable de su fiscalización, eludiendo los sistemas de provisión legalmente establecidos, la administradora única de Floymape le trasladó al señor Ortega que tenía que consultarlo previamente con su abogado», señalan en la denuncia. 

Ortega no contaba con que había sido grabado y los audios están en manos ahora de la Justicia. La mercantil denunciante cree que es evidente que el concejal tuvo que influir previamente en el responsable de contratación de la concesionaria municipal para prometer un puesto de trabajo. Hasta le citaron para realizar un reconocimiento médico. «Es evidente que no puede concluirse otra cosa» que distinta al tráfico de influencias, concluyen. 

"Es la segunda: la primera se archivó"

Fuentes del Consistorio cartagenero consultadas por estar Redacción indican que «esta es la segunda querella que la dueña de la empresa presenta por el mismo motivo tras dejar de prestar servicio e esas instalaciones». 

Efectivamente, la primera fue contra un funcionario municipal de la Concejalía de Deportes y fue archivada por los tribunales. 

La denunciante afirma que ha recurrido ese auto a la Audiencia Provincial y que el asunto era distinto

«Cuando se conozca la denuncia al completo se podrá responder sobre su contenido y sobre qué lleva a la denunciante a volver a utilizar la denuncia para un asunto administrativo», se preguntan las misma fuentes. 

«En cualquier caso —añaden desde la Corporación—, la gestión de la pista de atletismo se hace mediante convenio con un club. Es el medio más frecuente de gestión de las instalaciones municipales de deportes y se hace mediante un documento público y abierto».

En el auto, con fecha de 15 de marzo de este año, la jueza indica que «no se acredita mínimamente la concurrencia de los elementos del tipo penal de los delitos que constan en la denuncia de falsedad documental y prevaricación administrativa». Además, señala a la empresa denunciante que «puede acudir a la vía administrativa e interponer los correspondientes recursos», ya que la magistrada considera que este es el camino que debía haberse seguido en caso de desacuerdo por parte de la mercantil. «Concurre un mal uso o uso indebido de la vía penal, para denunciar unos hechos que han de ser resueltos o debían haber sido resueltos en la vía administrativa», se explica en el documento al que también ha tenido acceso esta Redacción.

«Un año sin cobrar»

La denunciante, sin embargo, explica que ese auto ya está recurrido a la Audiencia Provincial de Murcia. Además, apunta a que los problemas que la llevaron a presentar esta primera denuncia «son bien distintos», ya que llevaba «un año sin cobrar» y, de hecho, en la primera querella no se dirigía al otrora concejal de Deportes Cartagena, sino a un funcionario.

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