El expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel ya no es afiliado del PP tras solicitar su baja voluntaria, al conocerse la apertura de juicio oral contra él por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos, en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras de Cartagena.

Con su baja voluntaria, Valcárcel ya no forma parte de la organización y, por tanto, deja de ser el presidente de honor del partido.

El anuncio de la apertura del juicio oral contra el que fuese durante 19 años presidente de la Región de Murcia (1995-2014) se produjo el pasado 30 de marzo, después de que la jueza que instruye el caso viese indicios de presuntos delitos de malversación, prevaricación y fraude en su gestión durante la construcción y rescate de la desaladora, por los que la Fiscalía pide 11 años de prisión, 20 de inhabilitación total y otros 27 de inhabilitación para cargo público, además de una indemnización de más de 74,19 millones de euros.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 que ha investigado la implicación del expresidente en los contratos para la construcción y la financiación de la planta propiedad del grupo ACS ordenó así la apertura de juicio oral por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La Audiencia Provincial de Murcia será el órgano competente para señalar la fecha del juicio, de acuerdo con la pena solicitada.

El fiscal considera a Valcárcel máximo responsables de los contratos con cláusulas «leoninas» que fueron suscritos por el Ente Público del Agua (EPA) para garantizar un suministro de caudales ficticios a los 26 municipios de la Región que firmaron convenios para recibir el agua desalada, dado que el volumen comprometido duplicaba la capacidad de producción de la planta y no había red de suministro.

A su vez, la acusación popular, representada por el abogado Diego de Ramón, reclama 13 años de cárcel para el expresidente, además de 15 años de inhabilitación. La jueza que ha instruido la pieza separada del caso La Sal había dado ya por concluida la investigación en la causa contra Valcárcel paralela a la que ha seguido el Juzgado de Instrucción número 5 contra el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, una veintena de exaltos cargos de la Comunidad, ejecutivos de las filiales de ACS y asesores legales que participaron en el diseño de la ingeniería jurídica que obliga a la Comunidad Autónoma a pagar más de 600 millones de euros en 25 años por el arrendamiento de la planta.

Con la petición de baja voluntaria, Valcárcel evita, según marcan los estatutos del partido en su artículo 22, que el Comité de Derechos y Garantías del PP le abra un expediente disciplinario.