Los promotores inmobiliarios llevan a los tribunales el mapa de riadas

El mapa de riadas de la Confederación Hidrográfica del Segura ha acabado, finalmente, en los tribunales. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM) ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado y en vigor desde enero y que contempla las nuevas zonas de flujo preferente. Estos espacios inundables están señalados en rojo por el organismo de cuenca por la velocidad que adquiere el agua durante episodios de fuertes lluvias, por lo que las restricciones para la construcción son muy exigentes. 

Con la puesta en marcha del plan de inundaciones, que tendrá validez hasta 2027, se ponen en marcha una serie de medidas para atajar el riesgo de daños personales y materiales por avenidas de agua dentro de los límites donde le compete actuar a la CHS, pero también limitaciones. El organismo de cuenca debía aprobar un mapa de peligrosidad por riadas desde hacía años pero esta cartografía había encontrado la oposición de ayuntamientos como el de Murcia, Cartagena o Lorca, entre otros, así como de las patronales de la construcción y los promotores inmobiliarios. 

Estos mapas se encontraban en pleno proceso de revisión por la Confederación, tras las críticas recibidas, y los interesados en los cambios todavía no han recibido respuesta de las alegaciones que presentaron durante la exposición pública. Respecto al planteamiento inicial que hizo en 2021, la CHS redujo un 20% el área afectada por esta condición de ‘flujo preferente’, pero incluyó nuevas zonas en ámbitos urbanos y no terminó de calmar las aguas entre los consistorios más afectados. 

La Confederación remarca que la aprobación del documento no implica el visto bueno a los mapas

Con la entrada en vigor del plan contra las inundaciones en el Segura, los promotores inmobiliarios temen que los mapas de inundabilidad hayan adquirido «rango normativo» y condicione de forma permanente el desarrollo urbanístico en tramos donde, entienden, no habría peligro de crecidas. 

Defectos técnicos

José Ramón Blázquez, presidente de APIRM, explicó ayer a esta redacción que, «si no se recurren, terminarán, sin remedio, desplegando plenos efectos en la realidad y afectarán a todos los ciudadanos, empresas y organismos públicos, limitando injustificadamente y de forma acientífica los derechos» tanto de residentes como de promotoras y constructoras que habían adquirido permisos previamente.

Los promotores denuncian que a día de hoy no han recibido respuestas, ni tampoco el resto de organismos, a las alegaciones que presentaron: «El plan de riesgo del Segura fue aprobado con unos mapas de peligrosidad con defectos técnicos y, también, de tramitación». Blázquez añade que, en vez de corregir la postura inicial, «el Gobierno ha decidido acudir a los hechos consumados y ha utilizado esos mapas de inundabilidad, con todos los defectos que sabemos que tienen, para elaborar los ‘Planes de Riesgo de Inundación’ de las distintas demarcaciones hidrográficas». 

«No hay modificación alguna»

Consultados por estos temores, la Confederación señala que la aprobación del documento contra las inundaciones en la cuenca «no implica» la aprobación, a su vez, de los mapas de peligrosidad, «por tanto no ha habido modificación alguna». La CHS únicamente señala que las alegaciones se siguen estudiando, «tanto técnica como jurídicamente, para emitir un informe». No aclaran, por otro lado, si se realizarán nuevas modificaciones en la cartografía de flujos preferentes ni si actualmente estaría en vigor el mapa que se sometió a exposición pública y que redefinía algunos trazados en Murcia, Cartagena y Lorca. 

APIRM hace un llamamiento de cara a revertir la problemática que para ellos presentan las zonas de riadas: «Consideramos que es muy importante que, desde todos los ámbitos y sectores posibles, se ataquen a estos planes de gestión del riesgo de inundación y a los mapas de inundabilidad» sustentados en una cartografía en la que se han detectado «importantes deficiencias». Continúan con el aviso de que estas limitaciones afectarían «de manera decisiva a todos los ciudadanos y a todo tipo de actividad industrial y comercial».