Medio Ambiente

Año y medio perdido en el Plan de Cuenca del Mar Menor

El retraso en los plazos y el "escaso rigor técnico" en la redacción del proyecto por parte de la empresa encargada obliga a Fomento a rescindir el contrato

Obras en la primera fase del centro comercial Las Dunas de Cabo de  Palos, que no está afectado por la moratoria.

Obras en la primera fase del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos, que no está afectado por la moratoria. / IVÁN URQUÍZAR

Alberto Sánchez

Alberto Sánchez

El Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor suma un nuevo e importante retraso. La Consejería de Fomento va a rescindir el contrato con la empresa encargada de la redacción de este plan que pretende regular en los municipios ribereños las futuras edificaciones y el suelo que ocupen de «forma eficiente», así como el control sobre los terrenos agrícolas y ganaderos en el litoral de la laguna. 

La decisión del departamento de José Ramón Díez de Revenga se produce porque la mercantil IDOM Consulting, Engineering, Architecture, encargada de los trabajos desde octubre del 2021, hace año y medio, ha incurrido en «gravísimos retrasos» en los plazos de entrega y por escaso rigor técnico en su documentación, según la Consejería, que externalizó este trabajo por falta de medios propios. El presupuesto era de 400.000 euros.

Fomento trató de iniciar este proceso de liquidación en junio del pasado año argumentando, entre otras cosas, «la gravedad de los errores detectados», así como la «incapacidad técnica del equipo contratado para cumplir el objeto del contrato», señala. El problema con ese primer intento de liquidar el acuerdo es que la Consejería no cumplió con los plazos legales para resolver el expediente, que era de tres meses y no de ocho como creía. En mitad de esta tramitación surgió un nuevo marco jurídico que alteraba procedimientos como este. 

Esta apreciación fue advertida por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia el pasado 3 de marzo, en una resolución donde señala como «desfavorable la propuesta de resolución del contrato al estar incurso en caducidad el procedimiento» que instruyó la Dirección General de Territorio y Arquitectura para terminar la relación con la empresa. Ahora, conociendo la nueva situación, Fomento va a iniciar de nuevo dicha liquidación en tiempo y forma.  

La resolución jurídica, que es preceptiva y se debe cumplir, se conoce la misma semana que la Asamblea Regional ha aprobado tramitar una modificación de la Ley del Mar Menor para ampliar el plazo de la moratoria (caducaba este verano) hasta que estuviera redactado y aprobado el plan de ordenación. Este periódico ha desvelado este viernes el malestar de algunos ayuntamientos ribereños por el retraso en la culminación del plan, que impide el desarrollo urbano en el litoral marmenorense.

La Ley sólo permite la construcción de aquellos proyectos que fueron aprobados antes de la entrada en vigor del veto a la construcción en 2020, es decir, cuando los promotores ya hubieran adquirido derechos de edificación sobre suelo urbano consolidado. Ante estos condicionantes, existen varios proyectos que, a ojos de consistorios como el de Cartagena, no tiene sentido que se vean frenados, como la segunda fase del centro comercial Las Dunas de Cabo de Palos o el Plan Parcial de Los Belones-Este, que proyectaba 700 nuevas viviendas en el municipio.

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Para la Consejería de Fomento, el plan de ordenación territorial de la cuenca del Mar Menor no está parado. El departamento del Gobierno regional asegura, tras la resolución del Consejo Jurídico, que continúa «con el procedimiento administrativo de propuesta de resolución del contrato», por lo que, «de momento», considera que no debe seguir con la relación contractual con IDOM Consulting, Engineering, Architecture. 

Resuelta esta parte, la cartera que dirige José Ramón Díez de Revenga subraya que está trabajando en la redacción del plan conocido como ‘Potmarme’ «con medios propios», y apunta a que «por ahora» no está previsto abrir otro proceso de licitación, «sino avanzar con el buen hacer de los funcionarios autonómicos».

Fomento considera que la liquidación del contrato «no alteró ni altera la redacción del plan, porque desde que se inició la resolución estamos trabajando en su redacción con medios propios de la Administración regional, y así seguiremos haciéndolo. Es decir, desde el momento que se inició la resolución del contrato, se está trabajando en el plan».

Sin embargo, Fomento no aclara, a preguntas de esta redacción, en qué proceso está la redacción de dicho plan, que ya acumula varios retrasos por los que será necesario ampliar la moratoria del Mar Menor, cuya aplicación es efectiva hasta que esté aprobado el proyecto de ordenación. Tampoco pone plazos para su visto bueno definitivo ni si hay un borrador inicial. 

La Consejería, en los documentos de la adjudicación del contrato en 2021, justificó la necesidad de licitar este proyecto ya que «la Dirección General de Territorio y Arquitectura no dispone de los medios humanos y técnicos necesarios para el desarrollo de los diferentes trabajos que la redacción del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor requiere». En los últimos meses, consejerías como Agricultura o Medio Ambiente han tenido que externalizar parte de la tramitación de expedientes por falta de personal. 

Ayuntamientos como el de San Pedro del Pinatar reclamaron ayer, precisamente, «celeridad» en la elaboración de este documento ya que hay planes parciales aún sin desarrollar que atraen el interés de los promotores. Fomento no ha llegado a hacer público hasta ahora las desavenencias que ha tenido con la empresa a la que encargó los trabajos hace año y medio.  

Acortar los plazos de entrega

El departamento de Díez de Revenga detectó ya en mayo de 2022 «una insuficiencia técnica» de la documentación entregada hasta ese momento, «una falta total de contacto de la empresa con el terreno y, en definitiva, un desconocimiento global del ámbito, lo que generaba un grave perjuicio para la Administración contratante y un retraso inaceptable».

La mercantil se comprometió a tener redactado el proyecto en un plazo de 32 meses, cuatro menos que lo que proponía Fomento. Esto le sirvió a la firma para obtener una mejor valoración en el concurso, que finalmente ganó logrando la adjudicación del contrato en octubre del 2021. A partir de ese momento, tenía cinco meses para presentar un avance del documento. La Consejería le acusó de «gravísimo retraso» en los plazos marcados para la elaboración del plan de ordenación. 

En junio, Fomento inició los procedimientos para terminar el contrato con IDOM Consulting, Engineering, Architecture. Tras presentar las alegaciones, la Consejería señala que «no justifica en modo alguno los defectos e insuficiencias expuestos». A esto añade que dichos incumplimientos de la mercantil se consideran «esenciales y relevantes», por lo que no cree la versión de la firma. 

Los servicios jurídicos de la Comunidad determinaron que la empresa debía «cumplir el contrato dentro del plazo total fijado» y no descarta que incurra en responsabilidades penales. En diciembre del pasado año el director general de Territorio y Arquitectura, Jaime Pérez Zulueta, ordenó terminar la relación con la empresa e incautarse de la garantía. 

En enero de este mismo año, la empresa trató de volver a alegar los retrasos en el documento, pero Fomento zanjó la cuestión firmando la liquidación del contrato el 27 de enero, casi dos meses antes de que la Asamblea aprobara tramitar la ampliación de la prórroga para los desarrollos urbanísticos en el Mar Menor. Esta decisión fue sometida finalmente a consulta del órgano jurídico de la Comunidad.