Un cura propone en una tesis cambiar la ley para combatir los abusos a niños cometidos por religiosos

El sacerdote Gil José Sáez Martínez ha ofrecido una serie de propuestas de cooperación procesal entre el ordenamiento estatal y el canónico para combatir los abusos sexuales cometidos por clérigos en España.

Estas propuestas, que se pueden encontrar en la tesis doctoral realizada por Gil en la Universidad de Murcia, ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude.

En este trabajo de investigación, el autor analiza la respuesta que la Iglesia Universal y la Española han dado para combatir los abusos de clérigos sobre menores de edad desde el siglo II, para calificar de "política de maquillaje" la aplicada desde la década de los cuarenta hasta los noventa del siglo pasado.

Para el nuevo doctor, durante estos años se optó por defender a la institución por encima de todo, descuidando así a las víctimas de los abusos debido a que solo se limitaron a trasladar a los autores de los mismos, y no fue hasta 2001 cuando se aprobó la primera legislación universal para luchar contra la situación.

En cuanto a la actitud de la Iglesia de España, se puede observar que hasta el siglo pasado se aplicó la misma legislación universal en materia penal, para distinguirse luego dos etapas, una de 2001 a 2018 y otra desde dicho año hasta el día de hoy.

En el primer periodo, no tomó las medidas especiales exigidas por la Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 2011, y, por otro lado, la Conferencia Episcopal elaboró dos Protocolos en 2010 que no hizo públicos hasta cuatro años más tarde y que muchos obispos no eran conscientes.

Desde 2018, la respuesta penal que se da es insuficiente puesto que no se aplican de manera uniforme las normas. Esto se debe especialmente a la a la falta de formación en la materia por parte de los encargados de llevar estos procesos.

En cuanto a la cooperación entre los dos ordenamientos, se prueba en la investigación que es necesaria, ya que ningún Estado de derecho del mundo puede dejar pasar cualquier oportunidad de proteger mejor la integridad de los menores, y que hay que batallar contra la impunidad y buscar la justicia.

La Iglesia Católica, señala Sáez Martínez en su investigación, forma parte del Estado español y tiene la obligación de cooperar con sus instituciones en interés y beneficio de todos.

Desde la independencia y soberanía de los dos ordenamientos se puede conseguir esa colaboración, añade, en base a la Constitución española, la Ley Orgánica del Poder Judicial, los acuerdos con la Santa Sede y los magisterios de los Papas Benedicto XVI y Francisco.

La tesis doctoral fue dirigida por el profesor de la Universidad Pontificia Gregoriana Damián Guillermo Astigueta y el de la UMU Julio Sigüenza López.