Laboral

Las multas por contratar falsos autónomos llegan a 1,6 millones en 2022

La campaña realizada por la Inspección ha detectado 434 trabajadores por cuenta ajena en la Región que debían cotizar como asalariados - El importe de las sanciones se ha multiplicado por cuatro

Un repartidor de Glovo circula con su mochila por una calle de Murcia. | JUAN CARLOS CAVAL

Un repartidor de Glovo circula con su mochila por una calle de Murcia. | JUAN CARLOS CAVAL / M.J.GIL/EFE

EFE

La Inspección de Trabajo ha impuesto multas por importe de 1,6 millones el pasado año a empresas de la Región por la contratación de falsos autónomos, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a La Opinión. Las actuaciones de la Inspección han hecho aflorar 434 empleos asalariados el pasado año. El importe de las sanciones impuestas multiplica por cuatro las cifras de 2021.

Las multas impuestas por Trabajo en 2021 y 2022 suman dos millones de euros. Además ha reclamado 3,6 millones de euros en cotizaciones atrasadas a las empresas sancionadas.

En 2022 los inspectores detectaron 352 infracciones, frente a las 88 del año anterior.

Los denominados falsos autónomos son trabajadores que en realidad tienen un único cliente y mantienen una vinculación laboral con la empresa que contrata sus servicios, aunque aparece encubierta bajo una relación de carácter comercial.

Este tipo de contratos han sido utilizados incluso por instituciones públicas, que los empleaban hace años para incorporar personal de confianza sorteando las bolsas de trabajo y los canales establecidos en la Administración.

Las cotizaciones atrasadas que reclama la Seguridad Social de los dos últimos años suman 3,6 millones

El Ministerio ha desarrollado el pasado año una campaña que ha permitido detectar 40.000 falsos autónomos en toda España. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que en los últimos tres años se ha regularizado en España a 80.000 trabajadores por cuenta propia que realmente mantenían una vinculación laboral con la empresa que contrataba sus servicios.

La regularización de los 434 trabajadores por cuenta propia detectados por Trabajo en la Región, que deberían haber estado cotizando como empleados por cuenta ajena, ha obligado a las empresas sancionadas a abonar cotizaciones a la Seguridad Social atrasadas por importe de 1,3 millones de euros.

Glovo afronta una sanción de 57 millones en Madrid

La plataforma de distribución de comida a domicilio Glovo ha sido sancionada en Madrid con una multa de 57 millones por emplear a falsos autónomos y dar trabajo irregular a extranjeros. Glovo también fue sancionada en la Región por tener 292 repartidores contratados como autónomos en 2019, antes incluso de la entrada en vigor de la ‘Ley Rider’. La compañía, que fue denunciada por CC OO, defendió en el juicio celebrado el pasado mes de septiembre en Murcia que no tenía vinculación laboral alguna con los repartidores que Trabajo consideró empleados suyos. Sin embargo la Inspección le reclamó 300.000 euros en concepto de cuotas a la Seguridad Social atrasadas.

Esta cantidad se suma a las multas impuestas por los inspectores de Trabajo, que se elevaron a 1,6 millones el pasado año. En total, la Inspección ha reclamado 2,9 millones de euros a las empresas de la Región el pasado año.

En 2021 la Inspección detectó 122 falsos autónomos e impuso multas por importe de 401.000 euros, correspondientes a 88 infracciones

Sin embargo, el importe de las liquidaciones por cotizaciones atrasadas fue mucho mayor. Las cuotas de la Seguridad Social que reclamaron los inspectores en 2021 ascendieron a 2,3 millones, según los datos del Ministerio.

Yolanda Díaz considera que contratar falsos autónomos «es la peor práctica», porque supone eludir cotizaciones a la Seguridad Social, que son las que generan el derecho a las pensiones. La ministra estima que esta práctica «encubre relaciones laborales que eran ordinarias a costa de estas personas trabajadoras, muchas de ellas jóvenes». Asegura que la Inspección ha alcanzado cifras récord y sostiene que «no va a quedar nadie fuera de la ley».

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