La Fiscalía ve indicios de prevaricación y tráfico de influencias en contrataciones de la Autoridad Portuaria de Cartagena

La Fiscalía Anticorrupción de Murcia ve indicios de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a los funcionarios en la adjudicación de obras y contratación de personal entre 2015 y 2021 en la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC).

El Ministerio Fiscal ha presentado una querella contra su presidenta, Yolanda Muñoz, y su antecesor, Antonio Sevilla, para que se investigue si pudieron participar, presuntamente, en estas prácticas corruptas. A Muñoz le afectarían, concretamente, las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias.

La querella, que está pendiente del trámite de admisión por el juzgado de Instrucción de Cartagena en el que ha recaído, se dirige también contra un antiguo director general y una jefa de área, así como contra responsables de varias empresas.

Como ya informó La Opinión en marzo de 2022, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dela Policía Nacional, registraron las dependencias del organismo portuario,donde se hicieron con documentación y hablaron con varios técnicos de la entidad, según confirmó entonces la propia Autoridad Portuaria, que señalaba que en ningún momento se requirió la declaración de ningún directivo.

La Fiscalía pide en su denuncia que se practiquen varias diligencias para determinar si en la revelación de secretos se pudo haber facilitado información privilegiada a licitadores que participaron en varios concursos públicos, lo que les permitía concurrir en situación ventajosa.

No se descarta que la Fiscalía Anticorrupción de Madrid se haga cargo de la investigación iniciada por el fiscal murciano Juan Pablo Lozano.

La alcaldesa pide a Muñoz que colabore con la justicia y Podemos pide su dimisión

La Autoridad Portuaria de Cartagena, en un comunicado, ha asegurado que aún no ha recibido notificación sobre los contratos que están siendo investigados por la Fiscalía. "Siempre se ha colaborado con la Justicia aportando la documentación requerida. Los procedimientos de contratación se realizan conforme a ley y supervisados por la Abogacía del Estado. En el momento de que tengamos conocimiento de qué contratos están siendo investigados, facilitaremos la documentación necesaria para aclarar las posibles dudas a la Fiscalía", han señalado. 

La alcaldesa de Cartagena,Noelia Arroyo, ha pedido a la Autoridad Portuaria máxima transparencia y colaboración con la justicia. "Si se confirman las informaciones lo imprescindible es que la Autoridad Portuaria preste con rapidez y total transparencia toda la colaboración necesaria con la Justicia para que el juzgado que tenga que investigar la denuncia pueda sacar conclusiones con rapidez", ha dicho la alcaldesa. Arroyo ha afirmado que "el Puerto es una de las instituciones más importantes de la Región y es clave en los planes de Cartagena, por eso es tan importante despejar cualquier duda sobre el trabajo que se realiza dentro de la Autoridad Portuaria". La alcaldesa, a falta de tener más información, ha insistido en "la presunción de inocencia y respetar y colaborar con el trabajo judicial cuando se produzca".

Más dura se ha mostrado la secretaria general de Si Cartagena y vicealcaldesa,Ana Belén Castejón, que ha exigido la dimisión de Yolanda Muñoz.  "Las acusaciones son muy graves. Respetamos la presunción de inocencia, pero todos los implicados deben dejar sus cargos mientras se lleva a cabo la investigación porque lo que está en juego es la integridad y el prestigio de una institución fundamental para Cartagena y para la Región", ha explicado Castejón.

Desde MC Cartagena, José López apunta a que "la investigación de la trama corrupta del PP en Cartagena es escándalo nacional". Y ha señalado a Noelia Arroyo por guardar silencio sobre las "andadas de su compinche con la que comparte, que se sepa, cambios innecesarios de suelo, CATE, plazas mayores y álbum de fotos". El secretario general de MC ha recordado que "no será porque no avisamos de que la ponían ahí para garantizar al PP y al lobby murciano que los beneficios del puerto no sean para los cartageneros".

A nivel regional, la portavoz y vicesecretaria general del PSRM, Carmina Fernández, ha asegurado que "no es un caso aislado ni excepcional de corrupción. Como tantas veces hemos advertido, el problema es que, después de 28 años de gobiernos del PP, en la Región de Murcia sufrimos una situación de corrupción generalizada". Asimismo, ha indicado que "es inadmisible que se utilicen las instituciones y los cargos públicos para beneficiarse o beneficiar a los amigos, como ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular", y ha afirmado que "esto pone en evidencia que el PP solo gobierna para unos pocos, en su propio beneficio y para los suyos y, mientras tanto, la Región sigue hundiéndose en el pozo de la precariedad y la desigualdad".

Por su parte, Podemos también ha exigido la dimisión de Muñoz. María Marín, portavoz morada en la Asamblea Regional, ha pedido "explicaciones inmediatas" por parte del Gobierno regional, tras destaparse el presunto amaño de contratos por parte de una "red organizada en la que estarían implicados altos cargos del PP". Asimismo, exige la "comparecencia urgente" de López Miras y el cese inmediato de los altos cargos investigados.

CC OO y UGT se personan como acusación particular

Los sindicatos CC OO y UGT han informado que van a personarse como acusación particular en los juzgados.

Tal y como explican, en julio 2021, el comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena acordó, por unanimidad, denunciar una serie de hechos irregulares ante la fiscalía tras tener conocimiento de un expediente sancionador a un ingeniero.

Detallan que en septiembre denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción de la Región de Murcia irregularidades en varias licitaciones, como son un proyecto de digitalización, el mantenimiento del control de accesos y seguridad a la empresa, una compra ordenadores contrato menor, la contratación de una jefa de división y los contratos realizados a su empresa de consultoría y coacciones a un ingeniero.

En febrero 2022 ambos sindicatos comparecieron en la Fiscalía para denunciar también irregularidades en la licitación de la semana cultural 'Vive tu puerto 2021' por la contratación de servicios y obras de infraestructuras.

Y en julio de ese año se hace una ampliación de la denuncia por posibles represalias al ingeniero que no firmó lo que le pedían, supuesto amaño en el proceso de selección de la plaza de jefe de área de explotación que se adjudicó al hermano del alcalde de Almería del PP, posibles irregularidades en la privatización de los servicios informáticos, mantenimiento eléctrico y de vehículos, contratación de empresas privadas para trabajos de delineación que realizaban los trabajadores de la APC, la contratación de la hermana del alcalde del PP de San Javier a través de una empresa externa y la posible prevaricación en los contratos de la bolsa de Policía Portuaria.