Treinta días para alegaciones al plan de recuperación de suelos mineros del Ministerio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sacado a información pública el proyecto de restauración ambiental de los terrenos afectados por residuos mineros en los términos municipales de Cartagena y La Unión y su estudio de impacto. La resolución, que apareció publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), señala que durante el plazo de treinta días hábiles los interesados podrán presentar las alegaciones y consideraciones que estimen oportunas.

El presupuesto total del proyecto asciende a los 73,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 26 meses, y plantea la conversión a forestal de unas 283 hectáreas y la regulación de las escorrentías, al tiempo que dificulten los fenómenos erosivos.

Los trabajos de sellado y restauración del suelo constituyen, junto con la remodelación topográfica previa, las partes fundamentales del presente proyecto, su correcta ejecución conseguirá alcanzar los objetivos perseguidos, como son impedir la erosión y posterior traslado de los residuos existentes a través de las ramblas al Mar Menor, la dispersión eólica de los mismos a núcleos poblacionales cercanos y permitir la recuperación ambiental y paisajística, además de aumentar sustancialmente su estabilidad estructural. En el presente proyecto se han estudiado y seleccionado para tal fin una serie de sistemas o modelos de restauración principales: encapsular balsas mineras mediante la aplicación de diferentes capas de materiales como arcilla, gravas y tierra vegetal, así como de la instalación de láminas de PEAD y geotextil, cuya acción conjunta consiguen aislar los residuos del entorno manteniendo impermeable el conjunto, e impidiendo de esta forma la movilización de los residuos confinados y su transporte vía escorrentía o eólica; tratar los terrenos con ‘tecnosoles’ y la aplicación de la fitoestabilización y la bioingeneria.

Las actuaciones, que también pasan por emplear gaviones, escolleras o fajinas para estabilizar estructuralmente los depósitos mineros, tienen como objetivo evitar la contaminación de los suelos y el acuífero y evitar escorrentías superficiales de residuos mineros peligrosos que puedan llegar al Mar Menor y deterioren su estado. Así pues, este proyecto se enmarca dentro del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor que presentó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) en noviembre de 2021, con la finalidad de abordar e intervenir en las causas principales que han generado y motivado el estado de eutrofización y la crisis ecosistémica que padece la laguna salada.

El proyecto, dada la extensión de la actuación, con una superficie total de 283,29 hectáreas, agrupa las 35 instalaciones de residuos localizadas en 9 conjuntos de actuación: El Descargador, Peña del Águila, Brunita, Encontrada-Ponce, Pajarillos, Pantano de la Rosa, Sancti Spiritus, Julio César, Pantano Mercader, Pocilgas, las escorias en torno a los centros educativos de La Unión, San Agustín, Torrecica, Esperanza y Benzales.

El Gobierno se propone restaurar hasta 2030 un 15% del Mar Menor

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Plan Estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad hasta 2030, que define las líneas para la conservación y recuperación de los ecosistemas y prevé restaurar hasta 2030 un 15% de ecosistemas degradados en España, como el Mar Menor o Doñana.

Entre otras medidas, el plan promueve el desarrollo e implantación de la infraestructura verde y la conectividad y restauración ecológicas, en línea con las distintas Estrategias.

Además, reforzará la lucha contra la contaminación acuática, terrestre, lumínica, acústica y atmosférica y presta especial atención a la conservación de los polinizadores así como para la prevención, alerta temprana, control y erradicación de especies exóticas invasoras.

El plan incluye, en concreto, acciones dirigidas a mejorar el conocimiento sobre biodiversidad para elaborar estrategias y políticas eficaces de conservación, así como para su mayor consideración e integración en las políticas sectoriales.

Así, a partir de 2022 se implantará un Sistema nacional de generación, seguimiento y gobernanza del conocimiento del patrimonio natural y la biodiversidad en España.