Educación ignora por segunda vez al Defensor del Pueblo

Hasta en dos ocasiones se ha tenido que dirigir el Defensor del Pueblo a la Consejería de Educación para obtener una respuesta ante la petición realizada en junio de este año de paralizar las expulsiones de alumnos con discapacidad de los centros de educación especial como medida sancionadora.

La institución dirigida por Ángel Gabilondo hacía llegar al departamento de María Isabel Campuzano hace cinco meses una resolución en la que se pedía modificar las normas de convivencia escolar en lo referente a los alumnos de colegios especiales, ya que estas priorizan medidas sancionadoras como la expulsión del alumno ante un determinado comportamiento tipificado como ‘grave’ frente a la acción correctora que defiende el Defensor.

Ante la falta de respuesta de la Consejería, la institución estatal reclamó una contestación por primera vez el pasado mes de septiembre y, por segunda vez, este mismo jueves. «Ante esa falta de respuesta, el Defensor del Pueblo se ve obligado a recordar por segunda vez a la Administración su inexcusable deber de colaboración».

La respuesta que espera el Defensor nace de una denuncia presentada por la madre de una alumna del colegio de educación especial Maestro Eusebio Martínez de Alcantarilla, que fue expulsada en varias ocasiones tras mantener un comportamiento que alteró la convivencia escolar en el centro, según las normas internas. Precisamente, tanto el Defensor como el Ministerio de Educación, que también requirió a la Consejería el cambio de las normas de convivencia, protestaron en sendas resoluciones por «el planteamiento que hace -Educación- sobre el régimen disciplinario» de este colegio alcantarillero.

El Defensor considera que dicho reglamento debe «garantizar una adecuada tipificación de las faltas» que puedan cometer los alumnos con trastornos graves de conducta «y preservar el carácter educativo y recuperador de las medidas correctoras aplicables».

Por su parte, el Ministerio, entonces dirigido por Isabel Celaá, recordó en febrero de este año a la Consejería que «las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas». Ambas instituciones estatales entendían que los centros de educación especial tienen autonomía para elaborar, dentro de su programación educativa, medidas que ayuden a corregir determinadas conductas «contrarias a las normas de convivencia», pero reclamaban que estas fueran «educativas y proporcionales».

En el caso del colegio de Alcantarilla, el Defensor señalaba en su resolución de junio que «no compartía» el planteamiento que hacía Educación con respecto al régimen disciplinario el centro. En el centro del debate, el Defensor remarcaba que no se puede «obviar» que los alumnos con necesidades educativas asociadas a deficiencias psíquicas, trastornos conductuales y problemas graves de personalidad, «no son plenamente responsables de sus actos».

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