La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente trabaja contrarreloj para acabar antes de dos meses la declaración de impacto ambiental de 37 plantas fotovoltaicas, que necesitan resolver este trámite para evitar la pérdida de los derechos reconocidos para evacuar a la red la energía generada. La caducidad de las autorizaciones comportaría también la pérdida de las garantías y avales que las empresas tuvieron que depositar, lo que podría dar dar lugar a reclamaciones muy elevadas contra la Administración. El problema es que muchas de estas instalaciones ocupan grandes extensiones de terreno, que en algunos puntos entran dentro de espacios protegidos, lo que complica la resolución.
El plazo límite que tienen las empresas promotoras de estas grandes plantas fotovoltaicas termina el 25 de enero, pero el departamento de Antonio Luengo ve difícil que puedan resolver antes de la fecha establecida todos los expedientes en trámite, por lo que va a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica una ampliación del plazo.
Murcia se sumará a la iniciativa de Castilla y León, que ha pedido al Ministerio una ampliación del plazo
Fuentes de la Consejería han explicado que también el Gobierno de Castilla y León se ha encontrado el mismo problema y ha enviado una carta al departamento de Teresa Ribera pidiéndole que alargue el plazo más allá del 25 de enero.
Medio Ambiente espera que el Ministerio sea receptivo y acepte la solicitud de ambas comunidades. Murcia ha resuelto ya 42 solicitudes, pero tiene en trámite otras 37 que no llegarán a tiempo de conseguir la declaración de impacto ambiental.
Los proyectos en trámite casi duplicarán la capacidad actual
La Consejería de Empresa tiene en este momento 162 solicitudes en trámite para la instalación de plantas solares, que suman 1.742 megavatios. Otras 22 que superan los 50 megavatios deberán ser resueltas por el Ministerio. Estas grandes plantas fotovoltaicas suman otros 2.546 megavatios.
Si la totalidad de los proyectos que están estudiando ambas administraciones llegaran a salir adelante, prácticamente se duplicaría la capacidad de generación de las plantas en activo, que suman 4.828 megavatios.
Gran parte de los proyectos que han solicitado autorización para generar energía eléctrica se ubican dentro de la comarca del Campo de Cartagena, que tiene 45 plantas en trámite
La proliferación de instalaciones fotovoltaicas empieza a generar rechazo ente los vecinos de las zonas próximas al Mar Menor y entre los expertos, que quieren que la Administración establezca límites para evitar su concentración
La Fundación Nueva Cultura del Agua, cuya directora técnica es Julia Martínez, profesora de Biología en la Universidad de Murcia, ha alertado de la «regresión ambiental» que se puede producir si se acortan plazos o se eliminan requisitos ambientales, en respuesta a las facilidades que pretende dar Bruselas para facilitar el despliegue de energías verdes como la solar y la eólica. «No es aceptable que, en una comunidad de derecho como la Unión Europea, las instituciones no se ajusten» a los tratados internacionales y que establezcan normas que suponen «una regresión de los niveles de protección ambiental alcanzados», sostiene Julia Martínez.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (Pniec), que tiene como objetivo «transformar el sistema energético hacia una mayor autosuficiencia sobre la base de aprovechar de una manera eficiente el potencial renovable existente en nuestro país, particularmente el solar y el eólico», obliga a cumplir una hoja de ruta a las empresas que han conseguido una autorización para generar y verter a la red.
El plan va marcando los ‘hitos’ que las plantas fotovoltaicas están obligadas a cumplir y determina unos plazos máximos para superar cada uno de los trámites administrativos a partir de la fecha de los permisos de acceso, entre los cuales figura la declaración de impacto ambiental.
La Consejería ha reforzado la plantilla de técnicos para agilizar los informes, pero las revisiones son lentas
El decreto de 2020 que regula el proceso administrativo establece que «la no acreditación ante el gestor de la red del cumplimiento de dichos hitos administrativos en tiempo y forma supondrá la caducidad automática de los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexión concedidos».
También comportará «la ejecución inmediata por el órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativas de las garantías económicas presentadas».
La Comunidad Autónoma es la encargada de tramitar las autorizaciones para los proyectos de plantas fotovoltaicas con una potencia inferior a los 50 megavatios, mientras que en las instalaciones con una mayor capacidad de generación esta responsabilidad corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente explicaron que la resolución de las 37 solicitudes en estudio será difícil de cerrar antes del 25 de enero, dada la complejidad de los informes que deben realizar los técnicos.
Anpier quiere que se agilicen los estudios para liberar reservas
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) apunta que «se está produciendo un impulso vertiginosos en la instalación de plantas de generación fotovoltaica para la venta de energía a través de la red en los últimos años», que necesitan cumplir los plazos marcados por la normativa para mantener los derechos para generar electricidad y verterla a la red. El director general de Anpier, Rafael Barrera, explica que «las administraciones se han encontrado con una enorme carga de trabajo que no resulta de fácil gestión, por lo que los tiempos se van dilatando y se producen retrasos». Precisa que «en algunas comunidades autónomas se están reforzando los equipos, pero esto no resulta siempre fácil, ni rápido. La situación es preocupante porque estos proyectos tienen que cumplir con hitos y plazos obligatoriamente».
Barrera considera que «lo deseable es que se pudiera evaluar y resolver de tal forma que se pueda liberar la evacuación, ahora copada. Que se agilizara un análisis para que las reservas que sean puramente especulativas o inviables por su ubicación quedaran resueltas de forma urgente».
Recuerda que el despegue de la generación fotovoltaica se debe «en buena medida al esfuerzo de 65.000 familias pioneras» que soportaron los recortes después de la crisis anterior, a la necesidad de alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y a las expectativas de rentabilidad ante la coyuntura de precios altos motivados por la guerra en Ucrania.
El problema es que estas instalaciones ocupan en muchos casos terrenos que están sometidos a algún tipo de protección ambiental por la existencia de plantas o de fauna, lo que impide las actuaciones previstas.
Al tratarse de plantas de grandes dimensiones, que llegan a abarcar una superficie superior a las cien hectáreas, la Consejería sostiene que en la mayor parte de los casos se plantea algún tipo de problema de carácter medioambiental, lo que exige un estudio minucioso para ver si invaden algún espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) o cualquier otra figura destinada a la preservación de los valores naturales.
En otros casos los técnicos han detectado fallos en la documentación aportada, porque está incompleta o porque no se ajusta a la realidad, en cuyo casi hay que pedir que la subsanen.
La plantilla se ha reforzado con nueve personas en la dirección de Medio Ambiente y otras seis en Medio Natural, pero el equipo de técnicos resulta insuficiente ante el volumen y las dimensiones de los proyectos. «Se ha hecho un esfuerzo grandísimo, pero los recursos son limitados», indican desde Medio Ambiente.
