Los ocho peritos que han intervenido este lunes en la octava sesión del juicio sobre el Auditorio de Puerto Lumbreras, que afecta, entre otros acusados, al exalcalde de esa localidad murciana y expresidente del gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, han discrepado sobre la corrección del proceso seguido en la convocatoria y ejecución de las obras y su liquidación.

Mientras que el arquitecto propuesto como perito por la Fiscalía ha llegado a decir que "resulta difícil encontrar algo que se hiciera de forma correcta" en ese concurso convocado por el ayuntamiento de aquella población, los aportados por las defensas de los acusados han coincidido en señalar que fueron causas imprevistas las que condujeron a tener que modificar el proyecto inicial.

Para estos últimos, la existencia de un vial no contemplado en el proyecto originario y la necesidad de realizar un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se levantó el Auditorio, que permitió descubrir las irregularidades del subsuelo, tuvieron como consecuencia el que se tuviera que acudir al modificado.

Esta nueva sesión de la vista oral que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia desde el pasado 27 de septiembre ha comenzado con el interrogatorio al arquitecto que emitió un informe a propuesta de la Fiscalía, que ha recalcado que el proyecto, valorado en seis millones de euros, era inviable.

Para ello, ha dicho, se basaba en que los 640 euros metros cuadrados resultantes del conjunto de la obra lo convertían en irrealizable, valoración de la que han discrepado los peritos de las defensas, uno de los cuales ha expuesto que se trataba de una cifra habitual en el momento en que se convocó el concurso, en 2008.

Y ha puesto como ejemplo tres obras ejecutadas en aquellos tiempos por la Universidad de Murcia y el Servicio Murciano de Salud.

El perito del fiscal ha insistido en que en el Teatro Auditorio, que era el objeto del concurso, se gastaron cuatro de los seis millones de la subvención concedida por la Consejería de Cultura, por lo que los otros dos se destinaron a otras atenciones, razón por la cual la obra quedó inconclusa.

Para el informante, se fue gastando un 38 por ciento más de lo correcto, por lo que al advertir esa situación se acudió al proyecto modificado al comprobar que faltaba dinero para terminar la construcción.

Para los peritos de las defensas, hubo razones que justificaron tener que acudir al modificado, cuyo contenido han considerado correcto.

Otros arquitectos de las acusaciones han manifestado que las primeras 17 certificaciones de obra no respondían a lo realmente ejecutado.

La Fiscalía sostiene que las obras fueron adjudicadas a dedo por Sánchez al arquitecto que figura entre los acusados y que al observar esa irregularidad se recurrió a convocar un concurso de ideas para dar apariencia de legalidad a lo realizado.