La organización de transportistas autónomos que convocó la huelga en marzo anuncia un nuevo paro. La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte sostiene que los cargadores siguen pagando tarifas por debajo de coste y obligan a los conductores a cargar y descargar camiones, incumpliendo así la normativa que fue recogida por el Ministerio de Transportes en la legislación vigente tras las movilizaciones de primavera.
Según ha informado la delegada de la Plataforma en Murcia, Esther Sampietro, las compañías llegan a «amenazar» con dejar de contratar a los camioneros que se niegan a aceptar sus exigencias. «Te ponen en una lista negra y no te vuelven a llamar», asegura.
La Plataforma, que este sábado ha celebrado una reunión de delegados provinciales en Madrid, ha convocado a los transportistas de Murcia y de Alicante a una asamblea conjunta, que se celebrará el próximo sábado a las 17.00 horas en el polígono La Granadina de la población alicantina de San Isidro.
El objetivo de la convocatoria es informar a los transportistas para decidir si consideran oportuno o no un nuevo paro indefinido.
Además del incumplimiento de las reformas pactadas con el Ministerio, en la convocatoria se alude también a las reformas que está preparando la Administración, como el establecimiento de peajes en las autovías.
La delegada de la Plataforma en Murcia sostiene que «los cargadores no cumplen la ley» y obligan a los transportistas a realizar «portes por debajo de coste». También afirma que no son ellos los responsables "las subidas desorbitadas que están pagando los consumidores", sino las compañías intermediarias, que "no tienen camiones".
La reforma del Reglamento del Transporte introducida tras las movilizaciones convocadas a raíz del encarecimiento del precio del gasóleo permite a los transportistas revisar los contratos que tienen firmados con las compañías de distribución para adaptar las tarifas a las subidas que han experimentado los combustibles.
La Plataforma inició un paro a mediados del mes de marzo tras la invasión de Ucrania que duró hasta las primeras semanas de abril y llegó a provocar el desabastecimiento de algunos productos en los supermercados. También bloqueó la distribución de gasolina y de cereales desde el puerto de Cartagena, lo que hizo necesaria la intervención de la Guardia Civil para escoltar a los camiones.
Esther Samprieto añade que «hay cargadores que obligan a los conductores a cargar y descargar y si se niegan, amenazan con no pagar el porte. Te ponen en una lista negra y no te vuelven a llamar. Lo que queremos es que el Gobierno exija que se cumpla la ley. Lo único que pedimos es que les obligue igual que nos exige a nosotros que tengamos todos los papeles en regla».
Responsabiliza al Gobierno de los incumplimientos y reclama más controles de la Guardia Civil para vigilar las condiciones establecidas en los contratos y evitar que se apliquen tarifas inferiores a los costes.
Más del 70% de los camiones trabaja para compañías intermediarias
Más del 70% de los camiones de la Región dedicados al transporte de mercancías pertenecen a pequeños empresarios y transportistas por cuenta propia que trabajan para las grandes compañías. Constituyen el último eslabón de la cadena y aseguran que no están cobrando las tarifas que deberían aplicar para no trabajar con pérdidas, por lo que se ven «hipotecados» ante la imposibilidad de conseguirlos ingresos necesarios para mantener su casa y los gastos del camión, según indica Sampietro. La Plataforma de Defensa del Transporte, que también llegó a amenazar con una huelga este verano ante el retraso de las medidas anunciadas para garantizar la repercusión de los costes reales en las tarifas, celebrará asambleas en toda España este fin de semana para consultar a sus asociados.
