El Gobierno regional ha aprovechado la aprobación del Decreto-Ley de Dinamización de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública para derogar la orden del Consejo de la Trasnparencia que dotaba de un registro y una sede electrónica propia para atender las consultas de los ciudadanos sin que estas tuvieran que pasar por manos de la Administración regional. A cambio, se creará una oficina especializada que servirá de "canal de comunicación" entre el órgano consultivo y la Comunidad.

Esta decisión ha causado enfado en el seno del Consejo de la Transparencia, que en un comunicado ha denunciado el intento del Ejecutivo murciano de "callar" a este órgano "en un intento desesperado por controlar" la institución que dirige de forma provisional Santiago Álvarez Carreño, profesor de la Universidad de Murcia. El Consejo subraya que el Gobierno "insiste en que la titularidad, la gestión y la administración de todo lo relativo a la comunicación de los ciudadanos de la Región de Murcia, a la hora de ejercer su derecho fundamental en el acceso a la información pública, le corresponde a ellos".

La Comunidad pretende con el nuevo decreto resolver "los problemas planteados por la aprobación por parte del Consejo de la Transparencia de una resolución por la que ponía en marcha un registro y sede electrónica propios, sin interconexión alguna con el resto de registros de las administraciones públicas, incluida la Comunidad Autónoma". El Consejo Jurídico de la Región ya dictaminó que el órgano de transparencia no tiene facultades para crear esta sede, que aprobó mendiante una resolución en diciembre del pasado año.

La resolución del Consejo «contraviene el ordenamiento jurídico en la medida en que constituye una disposición administrativa de carácter general que ha sido dictada por quien carece de potestad para ello», señaló el órgano jurídicio. El Gobierno acusa a su vez al Consejo de la Transparencia "de no atender las solicitudes que los ciudadanos le estaban presentando a través de los diferentes registros de cualquier administración pública, o de sedes electrónicas distintas a las del propio Consejo creado por aquella resolución". 

Con la nueva oficina, asegura el Gobierno regional, se pretende "garantizar el derecho de los interesados a presentar sus documentos" en las administraciones públicas, derecho que se restablecerá en cuanto el Consejo de la Transparencia "acepte la recepción de los escritos presentados por los ciudadanos en el registro de la Comunidad Autónoma o en el de cualquier otra administración pública".

"No quieren órganos independientes"

El Consejo de la Transparencia responde de forma contundente asegurando que la Comunidad "no quieren órganos independientes y de control" que monitorice su actividad. De entrada, explican desde el órgano consultivo, "es muy discutible que en una ley derogue una resolución administrativa, ya que se le estaría dando valor de ley que no tiene". Añaden que al Gobierno Regional "se le ha pasado un trámite importante", es que "el Consejo tiene que informar preceptivamente de cualquier proyecto normativo que se refiera o tenga que ver" con esta institución, "y parece que esta derogación le afecta directamente".