Este jueves los operadores agroambientales del Campo de Cartagena comenzarán a controlar el cumplimiento de la Ley regional del Mar Menor en las fincas agrícolas de la comarca. Estos asesores deberán corregir las faltas que localicen en las explotaciones para que los propietarios puedan subsanar los errores y actúen conforme a lo que marca la normativa autonómica que protege la laguna. Desde mayo más de 250 personas se han formado en instalaciones como el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco, donde se han impartido los cursos para acreditarse como asesor.
Diversas fuentes del sector apuntan que las empresas han llegado a tiempo para contratar o tener en plantilla a un operador agroambiental y no pedirán una prórroga, ya que tenían de plazo hasta el 20 de octubre. Muchos ingenieros agrícolas y técnicos agrónomos se habían habilitado para estas tareas, y algunos ya trabajaban para grandes y medianas empresas de la zona.
Para los que tienen parcelas más pequeñas, organizaciones agrarias como COAG o Asaja ponen a disposición a su personal cualificado. Los agricultores estarán exentos de tener a un asesor si la dimensión de las explotaciones son inferiores a 0,5 hectáreas en el caso del regadío y cinco en el caso del secano. De no cumplir con la contratación de estos expertos, los propietarios se enfrentan a una sanción administrativa grave que va desde los 5.000 a los 50.000 euros de multa.
244 sanciones a agricultores
Desde que se aprobó la Ley del Mar Menor en 2020 y hasta finales del pasado mes de septiembre, la Consejería ha impuesto 244 sanciones a agricultores por incumplir alguna exigencia de la ley, 36 a ganaderos y otras 34 por razones ambientales.
Entre las tareas, los asesores deberán controlar la calculadora de nitrógeno para saber qué cantidad de nutrientes se echa en los cultivos; vigilar la aplicación de purines o estiércol; comprobar que los invernaderos tienen sistemas de recogida de agua o que hay sondas de humedad en las fincas. A su vez, se encargarán de elaborar la información o documentación necesaria que deba presentar ante la Consejería los propietarios. Esta figura profesional ha causado polémica al dejar de lado a los biólogos y ambientólogos.
El Ministerio reúne a los agricultores
El Ministerio para la Transición Ecológica ha organizado una conferencia el próximo 27 de octubre en la sede de la UNED de Cartagena para dar a conocer la convocatoria de ayudas estatales a proyectos de restauración y mejora ambiental de explotaciones agrarias en la cuenca vertiente del Mar Menor. Junto con el Ministerio de Agricultura y la Fundación Biodiversidad, se ha habilitado una partida de 20 millones para subvencionar estas mejoras. En la jornada se pretende dar a conocer investigaciones de campo que fomenten la sostenibilidad de la agricultura.
Aclarar dudas
Este martes la Consejería de Agricultura se reunirá con la organización COAG para aclarar dudas aún pendientes de resolver, como si el operador es quien debe hacer las analíticas del suelo para comprobar los niveles de fertilizantes. El próximo día 20 también habrá otra reunión en Torre Pacheco para resolver cuestiones.
Para Vicente Carrión, responsable de COAG en el Campo de Cartagena, esta medida «no terminará por solucionar» un problema multifactorial como es el Mar Menor. «Sin embargo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro mano por cumplir lo que se nos pide por parte de la Administración y la legislación vigente. Lo estamos cumpliendo a rajatabla».
La Fundación Ingenio llama a la movilización contra la ley de la laguna
La Fundación Ingenio, la patronal agrícola del Campo de Cartagena, ha llamado a la movilización masiva de agricultores y ganaderos en la comarca para denunciar los efectos que causan la Ley regional del Mar Menor y las medidas de protección del acuífero cuaternario sobre la actividad en la cuenca vertiente. Las consecuencias, señalan en un mensaje que ha circulado a lo largo de los últimos días entre los productores, son el abandono de cultivos y la destrucción de miles de puestos de trabajo. Más allá de esto, Ingenio pretende calentar el ambiente con una reunión en un salón de celebraciones de Torre Pacheco el próximo 26 de octubre para «tomar acciones inmediatas y reaccionar».
Señalan que «las analíticas del Observatorio del Mar Menor apuntan claramente a los vertidos urbanos como responsables» del estado de la laguna. Esta afirmación fue desmentida ayer por la Consejería de Medio Ambiente, que remarcó «que no existe ningún informe que vincule vertidos urbanos con la situación del Mar Menor. Tampoco tenemos constancia de que existan esos vertidos como tal».
La patronal afirma que la desmantelación del Campo de Cartagena permitiría a otras zonas agrícolas «salir beneficiadas», al mismo tiempo que «nuestro arruinado valor patrimonial serviría para comprar nuestras tierras a precio de saldo, del que se beneficiarían otros intereses empresariales como empresas fotovoltaicas». Al respecto, la Consejería respondió que no tienen constancia de esa situación ni han impulsado ningún tipo de expropiación: «No tenemos competencia en cuanto a regulación o construcción de plantas solares».
