La inflación golpea la Región y los impagos del alquiler suben un 8%

Los impagos del alquiler subieron un 8,31% entre junio de 2021 y el mismo mes del mes de 2022, según un informe de la Fundación Alquiler Seguro, que ha presentado los resultados del ‘Estudio sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos en Región de Murcia’, una radiografía que muestra el impacto del incremento desmesurado de los precios en la solvencia de las familias, tras alcanzar nuestro país la mayor tasa de inflación de los últimos 30 años. Las dificultades de muchos arrendatarios para hacer frente al pago del alquiler es una de las consecuencias.

"La precaria situación económica de muchas familias por las restricciones de la covid-19 se ha visto agravada por un aumento descontrolado de los precios", explican los investigadores.

Otros tantos se han visto obligados a pagar la renta fuera del plazo estipulado en sus contratos. En concreto, durante el último año, el número de inquilinos que tuvo que abonar más tarde del día 7 la cuantía acordada ha subido un 55%. "Mes a mes el coste de los productos básicos se va encareciendo y, ante las dificultades para afrontar los gastos, no son pocos los que, queriendo pagar, se ven obligados retrasar el abono de las rentas", añaden.

Según el estudio, durante el mismo espacio de tiempo los inquilinos murcianos dejaron a deber a sus arrendadores 5.815 euros de media. "A medida que van pasando los meses y los precios continúan incrementándose, la deuda que contraen las familias con los propietarios es mayor", analizan desde la Fundación Alquiler Seguro.

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Escenario económico adverso

La guerra en Ucrania y la inestabilidad internacional han servido de caldo de cultivo para que se instale en la sociedad una incertidumbre que ha provocado que los precios "se disparen", consideran los investigadores, que añaden que las familias murcianas tienen que hacer frente a un "escenario económico adverso".

Desde la fundación recuerdan que la inflación en el conjunto de la Unión Europea ha registrado un nuevo máximo histórico (+10%), lo que ha llevado al Banco Central Europeo (BCE) a desarrollar una política monetaria restrictiva. "Esto ha tenido impacto en la contracción del crédito y los ingresos de los ciudadanos, que han visto menguada su capacidad adquisitiva ante un incremento de los precios que no se refleja en sus sueldos", apostillan.

La subida de la cesta de la compra, los carburantes y los suministros energéticos, entre otros bienes básicos, ejercen ahora una presión en la capacidad de pago de las familias, que son "incapaces de atender al alquiler en el tiempo y forma acordados". Esta coyuntura se traduce en un aumento de los casos de impago.

No obstante, tras un año con la tasa de inflación disparada, las previsiones indican el inicio de una moderación en los precios debido al impacto de las políticas del BCE y el riesgo de recesión global. A pesar de estas perspectivas, la capacidad de pago de los ciudadanos ha quedado gravemente comprometida, por lo que la Fundación Alquiler Seguro prevé que las dificultades de los inquilinos para pagar las rentas de sus alquileres no disminuirán en los próximos meses.

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Embargos Murcia, a la cabeza en ejecuciones hipotecarias

Los juzgados de Instancia de la Región registraron durante el segundo trimestre de 2022 un total de 393 ejecuciones hipotecarias, un 21,4% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. A pesar del descenso registrado, la estadística sitúa a la Región de Murcia como la comunidad con más ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes, con 25,7; seguida por la Comunidad Valenciana, con 20,5, y por Andalucía, con 16,1.

Por su parte, los desahucios practicados por los juzgados de Instancia en la Región durante el mismo periodo disminuyeron un 12,4% con respecto al mismo periodo de 2021. En concreto, la mayor parte de los 546 lanzamientos practicados fueron consecuencia del impago del alquiler. La Región se sitúa la cuarta en la lista de comunidades con mayor número de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias tras la Comunidad Valenciana, con 511; Andalucía, con 470, y Cataluña, con 402, y encabeza la lista si se atienden a los practicados por cada 100.000 habitantes.