Adela Martínez-Cachá, exconsejera de Agricultura y Medio Ambiente, se sentará en el banquillo de los acusados los días 5, 6 y 11 de octubre del próximo año por un delito de prevaricación administrativa al autorizar en 2016 la construcción de una tubería en el espacio protegido de la Marina del Carmolí sin haber analizado previamente los impactos ambientales de las obras en esta zona. Estos trabajos, que se declararon de emergencia, pretendían desviar hasta la desalobradora de la comunidad de regantes de Arcos Sur en Cabo de Palos el agua que bajaba contaminada con nitratos por la rambla del Albujón hasta su desembocadura en la laguna.
Cinco años después de que la Fiscalía Superior de Murcia comenzara a investigar los hechos, la antigua alto cargo del Partido Popular deberá responder por qué dio el visto bueno a unas obras que no habían sido analizadas por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, departamento de la Consejería que debía decidir si era necesario o no una evaluación ambiental del proyecto. Por esta causa también se sentará ante el juez el exdirector general del Agua, Andrés Martínez Francés.
La Fiscalía pide para Cachá una pena de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público mientras que para el exdirector general Andrés Martínez solicita la misma condena por el mismo delito. La acusación particular, liderada por el abogado Ginés Ruiz Maciá en nombre de Ecologistas en Acción, pide por su parte diez años de inhabilitación para ambos acusados. El proyecto buscaba evitar los vertidos del Albujón al Mar Menor derivando el caudal a la desaladora de los regantes de Arco Sur para separar la salmuera y nitratos, que acabarían vertidos por un emisario al mar Mediterráneo. El agua, una vez limpia, se reutilizaría para el regadío de la zona.
La tubería, pese a que fue terminada y contó con un presupuesto de 1,7 millones de euros, no llegó a funcionar jamás ya que los regantes no lograron el permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura para usar el agua que circularía por ese canal. La Fiscalía tiene claro que la consejera y el exdirector de Agua declararon de emergencia las obras para sortear los trámites ambientales. Los propios técnicos de Medio Ambiente y la exdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Encarna Molina, advirtieron en varias ocasiones de la necesidad de evaluar los posibles daños sobre El Carmolí, un espacio natural protegido integrado en la Red Natura 2000.
Visto bueno en 24 horas
Las obras solo contaron con un único informe de un técnico interino de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente de Murcia (Oisma). La exconsejera de Medio Ambiente en el gobierno de Pedro Antonio Sánchez y el exdirector del Agua consideraron que este organismo tenía competencias para dar el visto bueno ambiental al proyecto. Ese informe tuvo el aval del técnico 24 horas después de que lo solicitara Andrés Martínez. Dos días después, el 12 de agosto de 2016, Martínez-Cachá declaró de emergencia las obras y ordenó a una empresa la ejecución de la tubería.
De igual forma, la que fue responsable de Medio Ambiente aseguró que la canalización contaba con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Comunidad. Ecologistas en Acción considera que la declaración de emergencia de las obras no estaba debidamente justificada y que estas comenzaron sin saber si la infraestructura podría poner en funcionamiento, ya que dependían de otros permisos, en este caso de la CHS, que tampoco llegaron.
