Los sindicatos dan por salvada la jornada de 35 horas semanales. La oferta que el Ministerio de Hacienda ha llevado a la mesa de negociación incluye la recuperación de la jornada semanal que fue suprimida en 2012 con los recortes establecidos por el Gobierno de Mariano Rajoy y que solo se permite ahora a las comunidades sin déficit. El acuerdo, que podría ir al Consejo de Ministros el próximo martes, recoge otras aspiraciones de los funcionarios como la jubilación anticipada y la desaparición de las penalizaciones a las bajas laborales.

La propuesta establece una subida salarial del 7,5% entre 2022 y 2024, que incluye un incremento del 1,5% para este año. El sueldo de los funcionarios subirá un 9,5% en tres años si se añade al incremento pactado el 2% recogido en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. El incremento adicional se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero y se abonará en una paga única que cobrarán cerca de 100.000 funcionarios y empleados públicos de la Región.

La subida del 1,5% para este año le costará 50 millones a la Comunidad. El Ayuntamiento de Murcia tendrá que pagar 2,2 millones y el de Cartagena desembolsará 1,2.

La próxima reunión entre el Ministerio y los sindicatos está prevista para el lunes a mediodía.

UGT ya ha dado el visto bueno al pacto, mientras que CC OO lo da prácticamente por aprobado, a falta de que este sábado se pronuncien los órganos de dirección de las distintas áreas públicas. CSIF mantiene sus reticencias.

La reducción de jornada choca con la regulación en vigor, que impide aplicar las 35 horas en las instituciones públicas con déficit, tal y como recordó este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Precisó que la Ley de Presupuestos contempla desde hace años que, si se cumplen las reglas fiscales, se puede recuperar la jornada de 35 horas semanales, como hizo ella misma en Andalucía cuando era consejera de la Junta.

Sin embargo, los representantes sindicales dan por hecho que esta limitación no se recogerá en la Ley de Presupuestos de 2023 para reducir la jornada, que ahora está en 37,5 horas.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Martínez Peñaranda, afirma que «la reducción de jornada será obligatoria para todas las administraciones», porque así se ha recogido en la propuesta de la Administración. «A partir del martes se terminó. Que los empleados públicos tengamos que ser castigados porque no se cumple la regla de gasto es muy doloroso», añade.

Destaca, además, los avances en «la jubilación parcial», que considera necesarios para facilitar el relevo generacional, y la recuperación de los complementos salariales a las bajas por enfermedad, que también se recortaron en 2012 para reducir el absentismo. Martínez Peñaranda explicó que UGT ya ha sometido la propuesta al Consejo Federal, en el que están representadas las comunidades autónomas, que han dado el visto bueno este viernes.

Por su parte, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CC OO, Miguel Ángel López, estima que la propuesta también será ratificada por su sindicato una vez que sea sometida a la aprobación de las áreas de Sanidad, Enseñanza y Administración. Aplaude la supresión de «la limitación que impide la implantación plena de las 35 horas. Esto supone que la jornada laboral para el personal del SMS pueda volver a serla que tenía antes de los famosos recortes». Resalta también que «la eliminación de la tasa de reposición permitirá convocar todas las plazas vacantes disponibles y no sólo las que queden por jubilación».

Martínez Peñaranda y López se felicitan por la derogación del «decreto ley 20/2012», que alargó la jornada a 37,5 horas y propició el recorte de plantilla en la Comunidad.

El presidente de CSIF, Juan Miguel López Blanco, recuerda que su sindicato esperaba conseguir una revisión salarial mayor para compensar la inflación, por lo que muestra sus reservas . «Hay funcionarios que ganan 1.100 euros y que no llegan a fin de mes», indica. La organización se pronunciará el lunes sobre el acuerdo.

La Agencia Digital integrará a todos los informáticos de la Comunidad

La Consejería de Hacienda llevará este lunes al Consejo de la Función Pública la creación de la denominada Agencia de Transformación Digital, que asumirá las competencias de la Dirección General de Informática e integrará a todos los informáticos que están adscritos a las distintas consejerías. Este organismo aglutinará a los profesionales procedentes de la Subdirección General de Tecnologías de la Información del Servicio Murciano de Salud, la Fundación Integra y los órganos y unidades correspondientes del Instituto de Fomento, del Instituto de Turismo y del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes. La Agencia de transformación digital «podrá asumir las competencias y el personal que realice funciones relacionadas con los fines de la Agencia de otras entidades de derecho público, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles regionales, fundaciones públicas y consorcios adscritos a la Administración pública regional», según la información facilitada por la Consejería en la convocatoria del Consejo de la Función Pública. Los profesionales de las distintas consejerías que pasen a prestar servicios en la Agencia «lo harán en los puestos de trabajo que desempeñaban» como funcionarios o como personal estatutario. CSIF reclama a la Consejería de Hacienda «el mantenimiento de las condiciones laborales y salariales de los informáticos para que su adscripción a la Agencia no suponga ninguna pérdida de derechos».