El Gobierno de Murcia adjudicó en 2020, año de inicio de la pandemia, 147 millones de euros en contratos por el covid, 116 de ellos para suministros, según un avance de un informe de la fiscalización de gastos de la autonomía por el coronavirus realizado por el Tribunal de Cuentas.

95 millones fueron para la compra de material sanitario, 24 de ellos para mascarillas. El precio de las quirúrgicas osciló entre los 0,28 y los 0,78 euros, y el de las FFP2, entre los 0,95 y los 3,75.

En lo que toca a ayudas a empresas y autónomos convocadas en los dos trimestres intermedios de 2020, llegó a su destino solo el 4 % de las previsiones iniciales de beneficiarios y el 2 % del importe, con algo más de dos meses de tardanza en la gestión, destaca el tribunal, que detalla que en las destinadas a vivienda todo ese año en el que comenzó la pandemia únicamente se llegó a conceder el 4 % del dinero previsto y se tardó unos 6 meses en gestionarlas.

En general, el porcentaje de pagos en relación con los importes concedidos fue del 61 % en la Región de Murcia, cuyo Gobierno concedió casi 4,4 millones en ayudas directas para cubrir el déficit de explotación sufrido por concesionarios de contratos de gestión de servicios públicos, lo que es contrario al real decreto-ley estatal de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid, que contempla que esas pérdidas se ajusten con cambios de las condiciones contractuales.

En los contratos analizados en Murcia, que suponen el 75 % del total invertido, se ha detectado que 27 beneficiarios percibieron ayudas sin que conste la documentación justificativa exigida, tres de concesionarios de los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por carretera y 23 de ayuntamientos para servicios sociales alegaciones.

Tampoco consta la verificación previa a la concesión de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para once beneficiarios de una convocatoria. Entre otras irregularidades, destaca que se concedió de manera directa una subvención de 375.000 euros a la Unión de Empresarios Murcianos Sociedad de Garantía Recíproca (Avalam) sin comunicarlo a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional en el mes siguiente a su formalización, como es preceptivo legalmente.

Al referirse a los planes estratégicos de subvenciones, el tribunal comenta que el de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades en 2020 no incluyó las subvenciones de la Fundación Séneca, lo que contraviene la legislación autonómica, y las modificaciones de los de las de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social; Empresa e Industria; Salud, y Empleo, Investigación y Universidades fueron posteriores a la aprobación de las bases reguladoras o las convocatorias, lo que incumple la ley general de subvenciones.

Aunque todos los planes analizados fueron modificados y recogieron referencias al covid, no se incorporaron 11,5 millones a 7 de las 71 subvenciones convocadas durante 2020 por ese motivo. Respecta al seguimiento que la ley autonómica atribuye a la Intervención General para la evaluación del cumplimiento de los objetivos, solo han sido emitidos los informes de las consejerías de Salud y de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Estos informes se emite a partir de la memoria que los centros directivos debían remitir antes del 10 de abril del ejercicio siguiente al de los planes, lo que no ha ocurrido en el caso de las consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente; Transparencia, Participación y Administración Pública, y Empleo, Investigación y Universidades, y las restantes, salvo la de Fomento e Infraestructuras, lo han hecho fuera de plazo.

"La ausencia de planes actualizados, junto con la falta de elaboración de las memorias referidas y, como consecuencia, de los informes de seguimiento, evidencia la falta de planificación estratégica y la determinación de objetivos medibles e indicadores en relación con el conjunto de convocatorias que traen su causa en el COVID-19", concluye el informe, que hace notar que Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social no incluyó lo relativo al Instituto Murciano de Acción Social en el Portal de la Transparencia ni Agua, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente la tercera modificación de su plan.