Los expedientes derivados por casos de violencia contra la mujer aumentaron casi un 30% en 2021 con respecto al año anterior en la Región de Murcia. La Fiscalía apunta que, dentro de esta tipología delictiva, constan 8.343 procedimientos incoados -un 28,27% más-. Respecto a las medidas cautelares, constan 65 ingresos en prisión provisional y un total de 121 órdenes de alejamiento.
En este sentido, el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, anunció que durante el pasado año se ha dado un aumento de colocación de dispositivos técnicos de control o pulseras. En 2021 contaban 21 pulseras activas, aunque reconoció que "existe el problema de su implantación en algunas poblaciones de la Región donde exista escasa cobertura de señal".
Díaz Manzanera explicó que la suma total de las incoaciones fue de 80.881, un 16% más que en el año anterior. Asimismo se celebró un 56% más de juicios, un total de 9.650, que durante 2020 debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus.
También en las sentencias aumenta el total de las dictadas: 9.810, un 44% más. De ellas, 9.255 fueron conformes con el fiscal, es decir, un 94% de ellas.
Respecto a la evolución de la criminalidad, Díaz Manzanera apuntó que se produjo un "leve aumento" de delitos contra la vida y la integridad física, violencia doméstica y de género, contra la libertad, acoso laboral y acoso inmobiliario, libertad sexual y delitos contra el patrimonio.
En cuanto a extranjería, Díaz Manzanera mostró también su "preocupación" por los delitos de trata de seres humanos: "Constan 23 causas registradas, por las 7 del año anterior, con 25 víctimas identificadas: 11 con destino a su explotación sexual, y un escrito de acusación, con dos sentencias de condena".
Díaz Manzanera señaló que "estamos ante falsas promesas de trabajo obligando a ejercer la prostitución" y apuntó que esta "triste realidad oculta" es considerada la "esclavitud del siglo XXI". En este sentido, anunció que para mejorar la seguridad de estas víctimas se fortaleció la figura del testigo protegido y la prueba preconstituida.
Un año más, Díaz Manzanera volvió a dar un ‘tirón de orejas’ a los políticos con las denuncias en lo referente a los delitos contra la Administración Pública, en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11%: en desobediencias, en malversación y, sobre todo, en prevaricación.
En concreto, entre 2021 y 2022 se han registrado en la Fiscalía de Murcia 58 diligencias de investigación de esta materia, siendo archivadas 33 (lo que supone un 57% del total), de las 35 son por prevaricación (con 23 archivos: un 66%). Los denunciantes han sido partidos políticos en 7 casos, además de 29 de particulares, y 13 de funcionarios.
"Estas denuncias en su mayor parte no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad", recalcó Díaz Manzanera, para quien "evidentemente ha de ser rechazable si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar básicamente el efecto mediático".
