«La gente tiene pánico de poner carteles de ‘se vende’ en las viviendas porque ha ocurrido que se ha vendido algo y en el proceso hasta escriturar han ocupado el inmueble y les ha tocado pagar para sacarlos de casa». Así lo asegura Jerónimo Jover, el responsable de Comunicación, Datos y Estudios del Colegio Oficial y Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia: «Es como poner un rótulo luminoso llamando a los okupas», indica.

Jover detalla que no manejan datos concretos todavía, pero recalca que sí han detectado un repunte «llamativo» de las ‘okupaciones’: «Lo percibimos en nuestras comunicaciones internas, compañeros que denuncian que hay clientes con problemas de ‘okupación’».

Okupas en la playa

El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria a nivel nacional (Coapi) lamentó ayer «la laxitud y la poca claridad de la ley» en materia de ‘okupación’. Además, apuntó que el fenómeno «vive en estos momentos su punto más álgido» y señaló la Región de Murcia como una de las comunidades donde más se ha incrementado, en concreto en segundas residencias.

Jover destaca que este fenómeno ha aumentado en las zonas de costa. Los okupas se van de «veraneo», es decir, se instalan en segundas residencias del litoral, donde viven «de gratis», hasta que el propietario llega y «entonces se ve en la obligación de pagarle a quienes se han metido en su casa para que se marchen, por lo que aquí los okupas hacen un doble negocio».

Junto a Murcia también apuntan que el incremento de la ‘okupación’ se está detectando especialmente en Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Las ’okupaciones’ de alto standing crecen al ser las más rentables

Pese a que la ‘okupación’ ha sido un fenómeno que desde sus inicios ha afectado a viviendas ubicadas en las zonas marginales o más abandonadas de las poblaciones, desde el Colegio Oficial y Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en la Región defienden que la tendencia ha cambiado. «Antes eran familias desesperadas que habitaban casas de áreas abandonadas», pero hoy en día «ya hay okupas de alto standing». El portavoz del Coapi en la Región, Jerónimo Jover, asegura que «suele ser más fácil y rentable para los okupas el cobro» por dejar la vivienda en inmuebles de lujo porque sus propietarios podrán abonar el importe solicitado con mayor rapidez que en el caso de unidades familiares más humildes.


«Asesoramiento a okupas»

Desde el Colegio Oficial y Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región apuntan que el principal problema para detener la ‘okupación’ de viviendas es la «laxitud administrativa». «El Gobierno regional es combativo con el fenómeno pero tiene las manos atadas», defiende Jover, quien afirma que «hay ayuntamientos con cierta ideología que están cargando sobre los propietarios una obligación que le toca a la administración».

Además, destaca que hay municipios en los que desde los consistorios se está «asesorando a okupas», aunque matiza que sucede con menor frecuencia en la Región que en otras comunidades autónomas.

«Algunos gobernantes, sobre todo municipales, favorecen una mejora de la situación de los okupas, quienes ven que se pueden instalar en un inmueble ajeno y no pasa nada». «Incluso se les adelanta en listas para conseguir una solución habitacional, lo que genera un efecto llamada a la ‘okupación’», subraya Jover.

Desde el Colegio Oficial y Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región piden un «gran pacto de Estado «entre agentes sociales, políticos y técnicos para encontrar «una solución efectiva y a largo plazo». Sugieren que quienes ocupen una vivienda tengan la obligación de demostrar en un periodo muy reducido de tiempo el «título legítimo de propiedad» y se les sancione de forma directa en caso de no hacerlo.

Del mismo modo exigen que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan «actuar directamente en estas situaciones, ya que muchos agentes se sienten impotentes y no actúan por miedo a lo que pueda ocurrir si acaban ante un juez».

Jover insiste en que la Administración es la responsable de evitar estas situaciones mediante la construcción de más vivienda social o con el aval de alquileres y exige al Gobierno de España que tome cartas en el asunto y «defienda el derecho a la propiedad privada».