En octubre, en el acto de apertura del Año Judicial, tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia como el fiscal superior criticaban el uso abusivo que los políticos de la Región estaban haciendo de la Justicia, al denunciar sin base. Este jueves, el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, en la presentación de la Memoria 2022 de su departamento, explicaba que hay políticos que siguen con esta costumbre, y que al Ministerio Público continúan llegando denuncias del todo «inaceptables».
En el turno de preguntas, al ser cuestionado por la judicialización de la política, Manzanera comentó que cuantificó los delitos relativos a la administración pública y, especialmente, por prevaricación, desde 2020 a octubre del año 2021. En este sentido, dijo que se archivaron el 77% de «las denuncias que se estaban interponiendo por parte de formaciones políticas y que se demostró que no tenían pruebas».
En la misma línea, destacó que se archivaron «de plano» o tras pedir «un mínimo de documentación acreditativa», dado que se demostró que no había base alguna para seguir adelante.
Manzanera reiteró que «no se puede estar utilizando la Justicia para estos fines». Admitió que «es posible» que se haya mejorado a este respecto, tras el tirón de orejas del acto de apertura del Año Judicial, pero, a día de hoy, «siguen llegando denuncias que siguen siendo absolutamente inaceptables».
En la mayoría de los casos, la Fiscalía practica diligencias pidiendo documentación, pero en otros casos «se archivan de plano». Así, espera que la proximidad de las elecciones de mayo de 2023 no impliquen «un incremento de esta práctica».
Tal y como relató hace nueve meses, en su duro discurso, se trata de «denuncias que, en su mayor parte, no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad, debiéndose plantear en otra jurisdicción diferente a la penal, que es muy restrictiva, ya que en ella se exige, entre otros requisitos, un dolo específico muy difícil de acreditar. No todo es delito».
Los secuestros suben un 80%
La pandemia de covid y el confinamiento que implicó se tiene en cuenta a la hora de comparar los datosde 2020 y de 2021, que son los que conforman la Memoria ahora desgranada, que revela que los delitos contra el orden público son los únicos que bajan a la par que la incidencia del virus: 597 diligencias previas frente a 688 del año anterior. Los que se han incrementado hasta un 80% de 2020 a 2021 son los secuestros y retenciones ilegales: de 25 a 45 diligencias previas, con cuatro acusaciones y dos sentencias.
Manzanera, por otro lado, se mostró orgulloso de la campaña ‘Apertura de la Fiscalía a la sociedad murciana’: «Como me quedan 5 años por delante, voy a seguir, algunos niños de Bachillerato que han asistido a la charla ya han dicho que quieren ser fiscal».
