«Un ejemplo de instrumentalización de la Administración de Justicia es el uso interesado y meramente táctico que de la jurisdicción penal hacen en ocasiones tanto partidos políticos y asociaciones constituidas a su sombra, como particulares que se arrogan unilateralmente la defensa del interés público». Así se expresaba este viernes el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, en su discurso en la apertura del Año Judicial, ceremonia en la que tanto él como el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, coincidieron en censurar las «querellas meramente propagandísticas» por las que les ha dado a algunos partidos políticos.
“Lo hacen unas veces mediante la interposición de denuncias y querellas meramente propagandísticas", insistió Del Riquelme. De estas acusaciones, espetó que "su vida útil se agota en la fotografía de los denunciantes ante la puerta del juzgado con la denuncia sellada en sus manos" y “en otras ocasiones, mediante la sistemática personación en actuaciones penales, instrumentalizando el ejercicio de la acusación popular para desgastar al rival político y mantener viva en el tiempo una imputación que es luego esgrimida como munición en la lucha partidista”.
Del Riquelme destacó que “con su actitud justiciera impostada, estos denunciantes, querellantes o acusadores populares habituales hacen un uso indebido y abusivo de los tribunales y consumen en su propio y a veces espurio interés los siempre escasos recursos y energías del sistema judicial”.
Del Riquelme y Díaz Manzanera, fueron los anfitriones de un acto solemne, el de la apertura del Año Judicial, que tuvo lugar este viernes en el salón de la Ciudad de la Justicia de Murcia. Un acto atípico, con mascarillas, limitación de aforo y la petición (incumplida) de que no hubiese aplausos tras las intervenciones.
Al acto asistieron el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras; el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo; el delegado del Gobierno, José Vélez; el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño; el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, y el jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar, entre otras autoridades civiles y militares. En el acto se entregaron las distinciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort y los reconocimientos de la Sala de Gobierno.
Del Riquelme también manifestó en su discurso que «los resultados obtenidos durante el año judicial recién terminado son buena muestra del buen trabajo realizado». Además de hablar de las querellas abusivas sin sentido, habló de «las dificultades añadidas de la pandemia», durante la cual «nuestros juzgados y tribunales resolvieron 208.469 de los 209.926 asuntos ingresados, lo que representa una tasa de resolución del 99,3%, con una pendencia a 1/10/2021 de 163.574 procedimientos».
Desgranó que «los resultados son aún mejores en fase de ejecución, ya que con una entrada de 37.668 ejecutorias se ha dado salida a 50.693 asuntos de esa clase, dejando una pendencia actual de 100.409 ejecutorias. 49.235 sentencias, 297.640 autos y 2.769.609 firmas dan también cuenta numérica del esfuerzo realizado durante el pasado año judicial».
En su discurso, el fiscal jefe habló del Mar Menor (un asunto que él en 2016 ya judicializó, que ha llevado siempre personalmente y con el que está comprometido) y también de la mala costumbre de sobrecargar los juzgados con denuncias contra la Administración Pública.
Díaz Manzanera expuso algunos datos de la Memoria de la Fiscalía: en los procedimientos penales y en los juicios “se ha notado una disminución, debido a la pandemia que estamos teniendo”. También baja el total de las sentencias dictadas, un 21% menos, la gran mayoría conformes con la petición del Ministerio Público.
Lesiones, maltratos, amenazas y violaciones han aumentado en tiempos de coronavirus. Han bajado los hurtos, robos con fuerza y robos con violencia.
Díaz Manzanera, por su parte, también puso el acento en los delitos contra la Administración Pública, «en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11 %: en desobediencias, en malversación y sobre todo, en prevaricación».
«Los datos hablan por sí solos: entre 2020 y 2021 se han registrado en la Fiscalía de Murcia 61 diligencias de investigación de esta materia, siendo archivadas 47 (lo que supone un 77 % del total), de las que 52 son por prevaricación, entre las que se encuentran como denunciantes: partidos políticos en 12 casos, además de 17 de particulares o empresas, 14 de funcionarios y 6 de asociaciones», resaltó el fiscal jefe.
Se trata de «denuncias que, en su mayor parte, no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad, debiéndose plantear en otra jurisdicción diferente a la penal, que es muy restrictiva, ya que en ella se exige, entre otros requisitos, un dolo específico muy difícil de acreditar. No todo es delito».
«Que no quepa la menor duda que si la Fiscalía observa indicios mínimos de delito, judicializa los hechos con la pertinente denuncia o querella, advirtiendo siempre a los denunciantes, que pueden presentarla en el juzgado competente», dejó claro el fiscal superior de la Región, al tiempo que comentó que «de la misma manera se procede, como así ha sucedido en varios casos, al archivo de plano ‘a limine’ al comprobar que el contenido de la denuncia desde su umbral o entrada, no tiene ninguna base fáctica, ni probatoria, ni jurídica, al observarse que los hechos no son constitutivos de delito alguno».
Sobre el bloqueo del CGPJ
El presidente del TSJ de Murcia aludió en su discurso a la «anormalidad institucional a la que se ha abocado al Poder Judicial y a su órgano de gobierno por la falta de renovación en los plazos legalmente previstos de los integrantes del CGPJ» y recordó que «la gravedad del problema ya fue puesta de manifiesto por el presidente del TS y del CGPJ en su discurso de apertura del Año Judicial», delante de Felipe VI.
«Allí recordó que la Constitución ordena expresamente que los vocales y el presidente del CGPJ tengan un mandato de duración determinada: cinco años. Ello significa que el Congreso y el Senado, instituciones a las que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial encomiendan el nombramiento de los Vocales, están obligados a respetar ese plazo. Esa misma obligación, recordaba Carlos Lesmes en su discurso, es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean», destacó Del Riquelme.
A su juicio, «el bloqueo en la renovación del órgano de gobierno y la limitación de competencias del Consejo en funciones tiene consecuencias graves para el Poder Judicial», ya que «no solo genera desafección y desconfianza ciudadana en las instituciones, sino que también incide negativamente en la percepción ciudadana acerca de la independencia y neutralidad del Poder Judicial».
Además, Del Riquelme lamentó que «el bloqueo genera consecuencias negativas en el funcionamiento y operatividad de nuestros tribunales», ya que «un 14 % de las plazas de magistrado del TS están vacantes y no han podido ser renovadas en plazo».
«También la Región sufre las consecuencias de tan anómala situación: de las cinco plazas judiciales de nombramiento discrecional por el CGPJ, dos tienen ya vencido el plazo de nombramiento (las presidencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia desde los meses de marzo y junio, respectivamente), lo que nos aboca a una anómala situación de interinidad».
«Y en diciembre, la jubilación del magistrado de designación autonómica dejará incompleta, con solo dos magistrados, a la Sala Civil y Penal del TSJ», precisó.
Cláusulas suelo
Tuvo palabras también Del Riquelme para “los litigios generados por reclamaciones de usuarios de la banca contra las entidades por las conocidas como cláusulas abusivas en créditos hipotecarios, entre ellas las cláusulas suelo”. “Hablo de los 18.000 asuntos ingresados en los dos juzgados especializados en esa materia durante los últimos cuatro años, de los que se han resuelto en primera instancia 13.000. Y hablo también de los 2.800 recursos de apelación planteados, de los que ya se han resuelto 1.800”, manifestó.
A su juicio, “los pleitos por cláusulas abusivas representan un 14 % de todos los asuntos civiles en trámite en la Región”. “Como ya he dicho otras veces, el altísimo porcentaje de demandas presentadas por clientes de la banca que están siendo estimadas por los tribunales (que supera el 99 % de las presentadas) debería llevar a algunas de las entidades bancarias más frecuentemente demandadas a revisar su estrategia procesal de oposición sistemática a tales reclamaciones”, consideró Del Riquelme.
En su opinión, “una estrategia cuya justificación es difícilmente explicable una vez que la mayor parte de las objeciones de la banca a dichas reclamaciones ya han sido resueltas por nuestros tribunales. Una estrategia, insisto, que lastra injustificadamente al sistema de Justicia con una litigiosidad impostada y evitable, que consume enormes recursos públicos”. “Los siete jueces y todo el personal de apoyo asignados solo a esta materia habrían sido muy útiles para acortar los retrasos que muchos ciudadanos sufren al obtener la respuesta judicial a sus problemas”, consideró.
El presidente del TSJ dijo este viernes que «esta misma semana, Justicia y Ayuntamiento de Cartagena han firmado el acta de cesión del Palacio Molina donde se ubicará a principios del año que viene el nuevo juzgado de lo mercantil», así como que «se van a acometer pronto las obras de acondicionamiento de los espacios disponibles en la Ciudad de la Justicia de Murcia para ampliación de la Fiscalía y reubicación provisional del Tribunal Superior y la Audiencia Provincial durante las obras de rehabilitación integral del antiguo Palacio de Justicia de la capital, que también se están proyectando». «Y ya van a comenzar las obras de reacondicionamiento y ampliación de los edificios judiciales de Jumilla y Caravaca», anunció.
