El Servicio Murciano de Salud (SMS) sacará nuevamente a licitación el contrato para el suministro eléctrico de todos sus centros por un importe de más de 51,7 millones de euros para el periodo de un año, casi el triple que en la última adjudicación del servicio.

Fue en 2020 cuando se adjudicó por última vez el contrato de la luz para las dependencias sanitarias, y en aquella ocasión el precio rondó los 18 millones de euros. Desde entonces, el concurso ha quedado desierto en dos ocasiones a pesar de que el precio de licitación ha ido aumentando; en el último intento, llegando hasta los 41 millones de euros.

La portavoz del Ejecutivo, Valle Miguélez, ha lamentado en la rueda de prensa posterior a la reunión que la factura eléctrica sanitaria de la Comunidad «se ha disparado» y ha sufrido un «incremento salvaje» a pesar de que el SMS ha reducido su consumo de energía eléctrica en más de un 3 por ciento en este periodo.

De los acuerdos del Consejo de Gobierno destacan por su cuantía las inversiones en materia sanitaria, con una partida de más de 11,2 millones de euros para la adquisición de medicamentos exclusivos biológicos que se utilizan en el tratamiento de enfermedades inflamatorias (casi 7,2 millones de euros), en diversos tipos de cáncer (1 millón de euros) y en otras enfermedades e infecciones graves (2,9 millones de euros).

Además, se invertirán casi 1,8 millones de euros en la compra de material desechable para la esterilización en los centros del SMS para un plazo de dos años.

En materia de medio ambiente, se ha aprobado el reglamento sobre las entidades de colaboración de la administración agraria para el control de la aplicación de la Ley del Mar Menor, una figura independiente de los operadores agroambientales que actúa como auditor externo para certificar que los agricultores están cumpliendo con la normativa establecida.

Son los propios agricultores los que deberán contratar a estas entidades auditoras para un control anual en las áreas de regadío y en las de secano con más de 10 hectáreas que estén en la zona 1 de protección, y con periodicidades bienales, trienales y cuatrienales para los cultivos de la zona 2 en función de su tipología y extensión.

En cuanto a la atención social, se ha acordado conceder subvenciones directas por valor de 600.000 euros (417.000 euros aportados por la comunidad autónoma y otros 183.000 por el estado) a programas de atención social integral a personas de etnia gitana.

También se ha suscrito un convenio con Cáritas, a la que se dará una ayuda de 9.000 euros para el mantenimiento de una vivienda de acogida en la que residen personas inmigrantes, y cuyos costes ascienden a más de 38.000 euros anuales.