El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas están en pleno proceso de retoques del nuevo Plan Estratégico Nacional de la futura PAC 2023-2027 (Política Agraria Común) para poder enviar a Bruselas el documento definitivo este mes y que sea aprobado tras la vuelta de vacaciones. Las organizaciones agrarias Coag, Asaja y Upa, junto con la federación de cooperativas del campo (Fecoam) se reunieron ayer con el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, para preparar las alegaciones que Murcia presentará a dicho plan elaborado por el Ministerio.
Varios aspectos fallan, a juicio de los representantes, lo que podría dejar a los agricultores de la Región sin una buena cantidad, por ejemplo, en pagos directos: un 10% menos que el ciclo de ayudas anterior, es decir, 5,4 millones de euros perdidos, alertó el consejero.
Un aspecto que preocupa es la ganadería. La pérdida de valor de los derechos para la ganadería con poca o nula base territorial, junto con la exclusión del sistema de ayudas básicas a la renta para lo que no tienen tierras asociadas, abocará al abandono de la actividad de un gran número de profesionales. En datos, la Comunidad prevé una pérdida de 170.000 cabezas de ganado y una bajada del rendimiento económico de 3,5 millones de euros. Si se suma a este escenario la inflación de precios, el presidente de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, avanza que se sacrificarán animales, se perderá empleo en el campo y se agravará la despoblación.
Las organizaciones reclaman al respecto «una dotación suficiente para las ayudas asociadas al sector ganadero», ya que en Murcia el 22% de las ayudas recibidas por este sector llegan a través de ayudas asociadas, alrededor de 12 millones de euros. «Apoyaremos una dotación que permita compensar la convergencia de los derechos de alto valor vinculados a propietarios con escasa base territorial y asegure la rentabilidad de los ganaderos sin tierra», reflejan en las alegaciones.
Mirando a la agricultura, las organizaciones reclaman al Ministerio que elimine el sistema de primas históricas basado en una distribución de las ayudas fijado hace 25 años. Perpetuarlo más allá de 2027 implicaría generar «importantes desigualdades» entre los agricultores de una u otra provincia. Piden priorizar esa distribución en función del tipo de cultivo y no a los derechos históricos de cada territorio. Esto conlleva que «un agricultor de cereales en Navarra cobre seis veces más que uno de Murcia» o que este último perciba 90 euros por hectáreas frente a uno de Castilla y León que recibirá 250 euros, señala José Miguel Marín, presidente de Coag Murcia.
Respecto al secano, las organizaciones han reclamado cambiar los factores que ayudan a distribuir las ayudas, como la pluviometría y la pendiente del terreno, apostando por unos criterios más abiertos que no generen discriminación. Luengo ha cifrado en torno a un 55% de la superficie de almendros (44.000 hectáreas) se quedarían sin ayudas de la PAC.
Siete empresas se quedan con el 30% del dinero
A la Región está previsto que lleguen 72 millones al año para las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, una partida que va en función de la producción, aportando Bruselas el 4,1% de la misma. Sobre este respecto, Coag denuncia que siete empresas de la comunidad copan el 30% del total de las ayudas (unos 20 millones de euros anuales), por lo que las alegaciones incluirán también la exigencia de que los fondos lleguen a los agricultores y ganaderos profesionales, no a las grandes compañías.
