Las mutuas se postulan para dar las altas médicas a los trabajadores que se pongan enfermos o sufran lesiones traumatológicas como alternativa para reducir el absentismo laboral. En el balance del año 2021 y el primer cuatrimestre de 2022, en el que se recogen los datos sobre el coste de las prestaciones que cobran los trabajadores cuando están enfermos, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) asegura que el impacto que tiene el absentismo acaba por «afectar significativamente a la competitividad de las empresas y a las cuentas del sistema de Seguridad Social». Culpa a la burocracia de la sanidad y a las demoras en la lista de espera de la excesiva duración de las bajas y asegura que el tiempo de curación de los trabajadores se acortaría si asumieran esta labor.
En la Región se registraron el pasado año 105.095 bajas entre los trabajadores protegidos por estas entidades, que generaron un coste de 189,8 millones en prestaciones a las mutuas y de 148,5 a las empresas.
La duración alcanzó los 61 días, diez más que la media de España. La Región registró 27.829 bajas por enfermedades comunes motivadas por las 20 patologías más frecuentes, que alcanzaron una duración de 78,73 días.
En enfermedades profesionales se registraron 13.460 casos el pasado año, con una duración de 34,76 días.
Las ausencias por enfermedad aumentan un 35% hasta abril
Las bajas por enfermedad de los trabajadores de la Región han aumentado un 35,59% entre enero y abril, según se recoge en el informe de la Asociación de Mutuas (AMAT) titulado El Absentismo Laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) del ejercicio 2021 y el avance del primer cuatrimestre de 2022. Este incremento de los casos de incapacidad transitoria se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanza el 46,21%, aunque ha provocado 11.162 ausencias más que el pasado año.
La Consejería de Salud atribuye el incremento registrado en los cuatro primeros meses de 2022 a la variante Ómicron del coronavirus, que resultó más contagiosa. La propagación de la covid después de Navidad llevó a la Administración a establecer una fórmula telemática para la tramitación de las bajas con el fin de evitar la saturación del sistema.
Cerca de 15.400 trabajadores recibieron el alta a los siete días. En los cuatro primeros meses del año se han iniciado 42.526 bajas, 11.162 más que el año anterior, lo que supone un aumento del 35,59%. La duración de las ausencias del trabajo por enfermedad se ha reducido a 51,62 días frente a los 42,81 de media nacional.
No obstante, los trabajadores de baja se han reincorporado 14 días antes que en 2021. La Consejería de Salud atribuye el aumento en las cifras de trabajadores enfermos a «la cepa dominante de la covid-19 (Ómicron), que durante la sexta ola, en los cuatro primeros meses del año 2022, ha supuesto un incremento en la incidencia de las bajas laborales al ser la variante más contagiosa del virus hasta la fecha según la OMS». El departamento de Juan Antonio Pedreño recuerda que desde «la Consejería y el Servicio Murciano de Salud se establecieron medidas de carácter excepcional para cursar los procesos de bajas y altas de las personas trabajadoras, sin tener que acceder presencialmente al centro de salud».
Según los datos ofrecidos por la Consejería, en el periodo entre el 24 de enero y el 21 de marzo de 2022, «en coordinación con los facultativos de Atención Primaria, se han emitido por parte de los inspectores médicos 15.394 altas médicas por mejoría o curación en procesos de incapacidad temporal diagnosticados por covid-19 a los 7 días según el protocolo establecido y si la clínica lo permitía». Las bajas registradas entre enero y abril por enfermedades comunes han originado a las mutuas un gasto de 65,7 millones de euros, mientras que las empresas han tenido que poner 54,5 millones. En toda España las mutuas calculan que en este primer cuatrimestre de 2022, el coste del absentismo por ITCC para el colectivo de trabajadores protegidos por estas entidades a 4.254,62 millones de euros, es decir, 591 más que en 20121.
Las mutuas son asociaciones privadas de empresarios, autorizadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que colaboran en la gestión de las prestaciones vinculadas a las bajas laborales.
Su objetivo es asumir la expedición de la altas a los trabajadores que tardan más de un año en curarse o, al menos, a los que sufren lesiones traumatológicas. Recuerdan que al acabar 2021 « había más de 80.000 procesos abiertos con más de 365 días de duración».
Sostienen que el pasado año «alrededor de 7,3 personas de cada 100 no habrían acudido ningún día a su puesto de trabajo» y que el gasto generado por las prestaciones económicas de la Seguridad Social se incrementó un 1,38% respecto al ejercicio 2020, ascendiendo, a 9.731 millones de euros. Con respecto al ejercicio 2019 ha aumentado un 9,79%.
A esta cantidad hay que sumar el coste directo para las empresas, que ascendió hasta los 9.131,30 millones.
«Sin embargo, teniendo en cuenta las pérdidas ocasionadas por el absentismo y el volumen de bienes y servicios que se dejaron de producir y prestar por los trabajadores que estuvieron de baja, que se estima que el coste total se elevaría a 106.302 millones en el ejercicio 2021, lo que supone un incremento del 16,04% y del 9,79% respecto a los ejercicios 2020 y 2019», según sus cálculos.
En el informe titulado El Absentismo Laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) del ejercicio 2021 y el avance del primer cuatrimestre de 2022, AMAT alerta de que los costes del absentismo aumentan año tras año en España y se sitúan actualmente «en niveles históricos».
Considera necesario que, «por parte del legislador, se reflexione con cierta urgencia sobre la viabilidad del actual modelo de gestión de la prestación y se impulsen todas aquellas medidas orientadas a una mejor gestión y control del absentismo derivado de la ITCC, preservando siempre los derechos de los trabajadores».
Defienden que las reformas deben orientarse a evitar «el uso inadecuado de esta prestación por parte de una minoría de los mismos, así como a reducir las cargas administrativas y burocráticas que, en muchos casos, conducen a una duración superior de los procesos a lo que realmente sería necesario», debido a las demoras que imponen «las conocidas listas de espera».
La organización que agrupa a las mutuas sostiene que estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social disponen «de 1.053 centros asistenciales y 23 hospitales en los que desarrollan su labor profesional aproximadamente 10.476 profesionales sanitarios, siendo 3.925 profesionales médicos, sujetos al mismo código ético y deontológico que cualquier profesional médico de los servicios públicos o de las entidades gestoras». En el documento apunta que la duración media de las bajas en 2021 fue 52,04 días para el total de los procesos, un 23,93% (10 días) superior a la de 2019, si bien algo inferior a la de 2020 cuando se situaba este indicador en 53,29 días.
La Consejería y los sindicatos dicen que la decisión debe ser del médico
La Consejería de Salud y los sindicatos CC OO y UGT rechazan radicalmente las pretensiones de las mutuas de accidentes de trabajo y defienden que los médicos de familia deben seguir siendo los encargados de dar el alta a los trabajadores cuando están enfermos. El secretario general de Comisiones Obreras, Santiago Navarro, asegura que el sindicato incluso ha llegado a presentar denuncias contra «algunas mutuas que pretenden consultar con el empresario si le dan la baja al trabajador» que ha sufrido un accidente laboral.
Para el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, lo prioritario debería ser «incrementar los recursos en prevención de riesgos laborales ante el aumento de la siniestralidad laboral y de las bajas por enfermedad». También la Consejería ha mostrado su oposición ante las aspiraciones de las mutuas. Fuentes del departamento de Juan José Pedreño han respondido a La Opinión que, «según la normativa actual, las altas médicas por contingencias comunes son competencia del médico de familia, que es el que inicia la baja y realiza un seguimiento del proceso del paciente».
Salud añade que, de igual forma, «pueden dar altas tanto los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como de la Consejería, en el desarrollo de sus funciones inspectoras». Por su parte, Santiago Navarro considera que si se permitiera «dar el alta a las mutuas, se acabaría con la Atención Primaria». Defiende que «el médico de familia es el que conoce al trabajador, por lo que sería quitarle la responsabilidad» sobre la salud de los pacientes. El secretario general de CC OO recuerda que las mutuas han venido planteando desde hace tiempo su intención de asumir las competencias para decidir cuándo deben incorporarse los trabajadores, pero confía en que «la Administración no les escuche, es una lucha histórica», apuntó. Añadió que el sindicato está totalmente en contra de cualquier reforma legal que ampliara la capacidad de las mutuas.
A su juicio, «lo único que buscan es seguir haciendo negocio a costa de la salud de los trabajadores. Tenemos pruebas de mutuas que están consultando con la empresa para dar la baja y hemos llegado a presentar denuncias, porque es una práctica habitual». Añadió que «algunos trabajadores han tenido secuelas por no haberse cogido la baja» en su momento, por lo que critica «la falta de profesionalidad» con la que se trata a los pacientes. También el secretario general de UGT está en contra de cualquier cambio en la legislación que amplíe las atribuciones de las mutuas sobre la expedición de las bajas. Jiménez asegura que las pretensiones planteadas por estas instituciones son «totalmente inaceptables. Da un poco de vergüenza después de ver las cifras de la siniestralidad laboral y de ver cómo se ha pasado de 100 a 120 accidentes diarios en la Región». Considera que en la actual situación, «ante el incremento de la siniestralidad y de las bajas por enfermedad común, lo que hay que hacer es incrementar los recursos que se están destinando a la prevención de los riesgos laborales
