Mujer, con un contrato de 25 horas semanales, 10 meses al año sin vacaciones y una nómina de 980 euros brutos mensuales, es decir, menos que el salario mínimo interprofesional. El sindicato Comisiones Obreras denunció ayer «las altas tasas de precariedad laboral» que sufren los trabajadores considerados personal no docente de la Consejería de Educación. Estos empleados de la administración se ven gravemente perjudicados cada curso escolar al acceder a su puesto de trabajo mediante contratos-programas, critica el sindicato.
Los datos facilitados tanto por la Consejería de Transparencia como por los delegados sindicales de la Federación de Enseñanza de la Región de Murcia son las fuentes que ha usado el sindicato para realizar un informe que concluye que este curso escolar la Consejería ha llegado a formalizar 557 contratos por programas, lo que supone el 42% del total del personal no docente de ese departamento, es decir, «casi la mitad del personal está por programas», destaca Comisiones. Por otro lado, el 57,6% de los contratos concedidos son parciales. Algo que, a juicio de CC OO, «va claramente en detrimento de la calidad de la asistencia recibida por el alumnado en los centros educativos de la Región de Murcia».
El sindicato agrupa los datos recogidos en dos grupos diferenciados de contratación. Por un lado, hay un primer grupo donde se encuentran los interpretes de Lengua de Signos, enfermeras y ordenanzas con un 100% de contratos a tiempo parcial, auxiliares educativos con un 97% o los auxiliares administrativos con un 94%. En un segundo grupo estarían los fisioterapeutas con un 19% de los contratos a tiempo parcial, junto con las limpiadoras, que tienen un 18%.
«Desde 2012 se ha realizado un lento proceso de destrucción de plazas en Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y su conversión en plazas por programas. El proceso ha sido convertir plazas estables en contratos de diez meses de 20/25 horas», destacan Paco Saura, secretario del sector de Comunidad Autónoma de CC OO, y María Ángeles García, responsable del sector del personal de servicios educativos complementarios de la Federación de Enseñanza del sindicato en Murcia.
Las consecuencias de este «progresivo proceso de deterioro» han sido dobles: «por un lado, se han devaluado enormemente los servicios públicos (sobre todo la atención a la diversidad) y, por otro lado, ha precarizado a varios colectivos». Entre ellos, habría sectores altamente feminizados que se dedican a la atención de menores, a personas con discapacidad, a la limpieza, a la administración o a los servicios, detalla Comisiones.
El sindicato critica que la Consejería de Educación negaba que «estos puestos fuesen estructurales, pero se ha visto obligada a incluir 157 plazas de estos programas por los procesos de estabilización de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgente para la reducción de la temporalidad del empleo público».
La falta de recursos personales en los centros educativos provoca, según CC OO, una limitación de los derechos de los menores con discapacidad. El sindicato asegura haber constatado casos en los que, por ejemplo, se ha denegado el recurso del comedor escolar alegando que la Consejería no tiene obligación de facilitar ese servicio.»Esto es gravísimo ya que supone una discriminación por razón de su discapacidad». Otra práctica habitual es la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en otro centro distinto al de sus hermanos, alejados de sus domicilios y de su entorno natural.
