El presidente de la patronal de editores de libros de texto, José Moyano, cree que no son los materiales escolares sino los políticos los que «adoctrinan» y recalca que los libros se publicarán en tiempo y forma, pese a los retrasos en la aprobación de los reales decretos con los cambios de la ley Celaá. Moyano afirma que «sin lugar a dudas» los libros estarán impresos en septiembre próximo y «muchos comenzarán a comercializarse el mes que viene».
Las modificaciones introducidas en el currículo por la ley Celaá (Lomloe), que entró en vigor en enero de 2021, comenzarán a implantarse en el año académico 2022-2023 en los cursos impares (1º, 3º y 5º de Primaria; 1º y 3º de Secundaria y 1º de Bachillerato).
El presidente de la patronal apunta asimismo al daño económico que provocan decisiones como la de Madrid y Murcia de no querer renovar los libros de texto, sobre todo en el caso de la región madrileña ya que representa el 22,5 % del mercado del libro educativo a nivel nacional y acoge a las grandes empresas del sector, de las que dependen «más de 40.000 familias».
En los primeros meses del año, el Ministerio de Educación ha ido publicando los reales decretos que regulan las enseñanzas mínimas de Infantil a Bachillerato y ahora son las autonomías las que deben completarlos. El Gobierno solo fija los saberes básicos de cada materia y las horas que hay que dedicarles (El 60 % para las comunidades sin lengua cooficial y el 50% para las que sí tienen).
De momento, explica Moyano, ninguna autonomía ha publicado sus respectivas normativas.
2,7 millones para textos
El Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución a las comunidades autónomas de más de 58,5 millones de euros, de los que 2,7 millones se destinarán a Murcia, para ayudar a las familias en la adquisición de libros de texto y de materiales didácticos. El objetivo de esta nueva partida es ayudar a las familias en la compra de este material en todo tipo de soportes, incluido el digital, compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables y contribuir a que el sistema educativo garantice la equidad en la educación y la igualdad de derechos y oportunidades.
