El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 prevé que el Acuerdo de Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que llevará a finales de junio al Consejo Territorial a la espera de su aprobación por las comunidades autónomas, supondrá la creación de más de 34.000 empleos en residencias y centros de día hasta 2029.
En concreto, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales señalan que el incremento del número de trabajadoras y trabajadores supondrá la creación de 21.071 empleos en las residencias de forma progresiva hasta diciembre de 2029, y de 13.223 empleos en centros de día hasta diciembre de 2023.
Además, precisan que estos 34.000 nuevos trabajadores desempeñarán funciones relacionadas con la atención directa de primer nivel -personal gerocultor, cuidadores y educadores- y de segundo nivel -psicólogos, fisioterapeutas, profesionales de la enfermería y trabajadores sociales-.
Este incremento se producirá, según prevén, por el incremento de las ratios de personal en residencias y centros de día previstos en el Acuerdo sobre el nuevo modelo residencial. Según el documento, en las residencias para personas mayores deberá alcanzarse en 2029 una ratio de un profesional por cada dos personas residentes (0,51), y en los centros para personas con discapacidad, una ratio de cuatro profesionales por cada siete residentes (0,58).
Si se tiene en cuenta solo la atención directa de primer nivel (gerocultores, cuidadoras), el Acuerdo obliga a incrementar la ratio a tres profesionales por cada siete personas residentes en las residencias para personas mayores (0,43) y, en centros para personas con discapacidad, a un profesional por cada dos residentes (0,50).
Esta es una de las medidas que contiene el Acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias que el Ministerio de Derechos Sociales llevará a finales de junio a un nuevo Consejo Territorial, después de que el pasado 25 de mayo no consiguiera cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas para su aprobación.
Entre las Comunidades Autónomas que mostraron su rechazo al documento se encontraban la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, la Región de Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha, Extremadura (presididas por el PSOE), País Vasco y Cataluña, según indicaron a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión.
Por su parte, Castilla y León y Asturias mostraron su intención de abstenerse de cara a la votación; mientras que Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y Melilla se han mostrado a favor.
