La Inspección de Trabajo ha recibido 246 denuncias por irregularidades en la contratación y cotización de las empleadas de hogar en la Región y ha detectado 30 infracciones que han dado lugar a multas por importe de casi 120.000 euros desde 2015 hasta abril de este año. Estos datos están recogidos en la respuesta del Ministerio de Trabajo a un pregunta del senador valenciano de Compromís Carlos Mulet.
Las 246 denuncias recibidas han originado 111 visitas de los inspectores y 336 actuaciones en la Región. En la Región hay cerca de 11.000 empleadas de hogar de alta, aunque el número de trabajadoras es superior.
El senador designado por las Cortes Valencianas había dirigido un pregunta al Gobierno en la que pedía datos sobre las denuncias relacionadas con las empleadas de hogar que ha recibido la Inspección desde 2015 en cada comunidad autónoma y la respuesta que se ha dado en cada caso.
Han dado lugar a 111 visitas
En su pregunta, Carlos Mulet recuerda que según las estimaciones de los sindicatos, en toda España hay unas 200.000 empleadas del hogar «que trabajan sin ningún tipo de reconocimiento y, por tanto, de manera sumergida. Además, se trata de un colectivo muy dependiente del salario mínimo interprofesional y con un enorme presencia de trabajadoras inmigrantes».
Añade que este colectivo «vive en muchas ocasiones situaciones de auténtico abuso: no cobran el salario mínimo, que está en 1.000 euros, trabajan como internas más horas de las que les corresponden y sin descanso legal, no cobran pagas extra como dice la ley, y todo esto porque hay una muy baja actividad de la Inspección de Trabajo en este sector».
No obstante, admite que las dificultades para controlar el cumplimiento de la legalidad en este sector se deben a la imposibilidad «de entrar en los hogares, que es el lugar de trabajo, sin permiso judicial».
El departamento de Yolanda Díaz precisa que «desde 2015 la Inspección cuenta con un buzón donde se reciben comunicaciones anónimas por vía telemática sobre posibles situaciones de irregularidades e incumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras en todos los sectores, incluido el sector del hogar familiar».
Trabajo detalla en su respuesta al senador designado por las Cortes Valencianas las actuaciones realizadas por la Inspección entre 2015 y 2022 a raíz de las 6.690 denuncias recibidas.
La actuación de los inspectores tropieza con la imposibilidad de entrar en los hogares si no es con orden judicial
Las 10.661 actuaciones que han puesto en marcha los inspectores y las 3.100 visitas realizadas permitieron detectar 1.102 infracciones, que han dado lugar a multas que suman casi 5,8 millones.
Las sanciones impuestas en la Región alcanzan los 119.271 euros y corresponden a 30 infracciones, según informa el Ministerio.
Cataluña acumula el mayor importe, con 171 multas, que suman 1.233.988 euros; seguida de Madrid, con 190 sanciones y 829.501euros; la Comunidad Valenciana, con 125 multas y 699.153 euros ; y Andalucía, con 158 infracciones y 676.242 euros.
Plan de actuación
Trabajo también informa de que en el año 2021 «se ha puesto en marcha por primera vez un plan de actuación de la Inspección de Trabajo en el sector del hogar. Este plan se sitúa en el contexto de la mejora de las condiciones en ese sector que propugna del convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores domésticos».
El Ministerio también recuerda que en febrero de este año la Inspección puso en marcha una campaña dirigida a controlar la contratación de empleadas del hogar que trabajan a tiempo parcial y envió 35.965 cartas relativas a 36.141 trabajadoras del servicio del hogar familiar», que han permitido regularizar a 24.131 trabajadoras en toda España.
Por otra parte, tras la subida del salario mínimo interprofesional en enero de 2021 «se enviaron 45.019 cartas para la regularización de 47.749 personas al servicio del hogar, en su mayoría contratadas a tiempo completo, de las que constaba una retribución inferior».
Añade que el Plan Estratégico de la Inspección 2021-2023, aprobado en de noviembre de 2021, contempla entre sus prioridades «contribuir a la mejora de la calidad del empleo, la garantía de los derechos de las personas trabajadoras , la lucha contra la precariedad y el fraude en materia laboral y social y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres».
