El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha rechazado, en una sentencia reciente, el recurso contencioso-administrativo que el Gobierno regional de Fernando López Miras presentó contra la Confederación Hidrográfica del Segura por aportarles fuera de plazo la documentación que recogía las medidas cautelares que se iban a aprobar en una Junta de Gobierno del organismo de cuenca en 2020 tras declarar el acuífero cuaternario de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico.
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Estas medidas implican una serie de restricciones a la actividad agraria del Campo de Cartagena con el fin de que se cese la contaminación con nitratos de la masa de agua subterránea. La Comunidad reclamó «la nulidad de pleno derecho de la votación que se produjo en dicha reunión» por no recibir dos días antes de la cita la información necesaria.
El tribunal le da la razón en cuanto al plazo pero considera que esto no impidió que los representantes del Gobierno regional en la Junta, entre ellos el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, pudieran formarse una opinión a tiempo y emitir un voto, que finalmente fue negativo. El resto de quejas expuestas en el recurso en cuanto a la superficie que iba a afectar dichas medidas tampoco encuentran amparo en el TSJ.