La Región de Murcia fue la comunidad autónoma con mayor tasa de lanzamientos de vivienda por ejecuciones hipotecarias en 2021, con 61,2 procedimientos de este tipo por cada 100.000 habitantes, según los datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales.

En total, la comunidad murciana registró 929 ejecuciones hipotecarias el año pasado, lo que supone la cuarta autonomía con mayor número de desahucios realizados, tras la Comunidad Valenciana (2.192), Andalucía (1.886) y Cataluña (1.766).

Mientras, el número de lanzamientos ejecutados por impago de alquiler ascendió a 1.223 en 2021 en la Región de Murcia, la séptima mayor cifra por comunidades autónomas, encabezadas por Cataluña (6.729), Andalucía (4.315), Comunidad Valenciana (3.807) y Madrid (3.327).

En España, los datos del CGPJ revelan que los lanzamientos por impago del alquiler crecieron un 37,1 % desde el año anterior, en tanto que los derivados de ejecuciones hipotecarias lo hicieron un 46,1 %.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2021 (27.874) experimentó un incremento del 36,2 % respecto a 2020, si bien se redujeron un 28,8 % desde 2019.

En términos absolutos, Cataluña fue donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias a lo largo de 2021, con 5.848 operaciones, seguida de Andalucía, con 5.703); la Comunidad Valenciana, con 4.794; Madrid, con 2.523, y Murcia, con 1.675.

En total, durante 2021 se practicaron 41.359 lanzamientos -que afectaron a todo tipo de inmuebles y no sólo viviendas-, un 40,6 % más que el año anterior, y un 23,4 % menos que en 2019.

De estos más de 41.000 lanzamientos, un 70,1 % -28.993-correspondió a impago de la ley de arrendamientos urbanos, mientras que 10.103 (el 24,4 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias, y los 2.263 restantes obedecieron a otras causas.

Cataluña –con 9.398, el 22,7 % del total nacional- fue donde se practicaron más lanzamientos, seguida de Andalucía, con 6.615; la Comunidad Valenciana, con 6.182, y Madrid, con 4.039.

En el año 2021, ingresaron 3.479 verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 1 % más que en 2020 y un 13,4 menos que en 2019. En Cataluña sumaron 930 (el 26,7 % del total nacional). Le siguen Andalucía, con 814; Comunidad Valenciana, con 423; y Madrid, con 263.

Mientras, en el año 2021 ingresaron 3.479 verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, un 1 % más que en 2020 y un 13,4 menos que en 2019. En Cataluña sumaron 930 (el 26,7 % del total nacional). Le siguen Andalucía, con 814; Comunidad Valenciana, con 423; y Madrid, con 263, mientras que en la comunidad murciana hubo 7,6 procedimientos de este tipo por cada 100.000 habitantes, la sexta mayor tasa por autonomías.

Concurso de acreedores

Por su parte, los concursos de acreedores crecieron un 37,5 % en 2021 respecto a 2020, y un 57 % desde el año anterior a la pandemia de la covid, en 2019.

El organismo judicial destaca el aumento del 45,6 % en los concursos de particulares -personas físicas no empresarios- desde 2020, porcentaje que se eleva al 96,7 % desde 2019, así como la sostenida tendencia al alza experimentada por estos procedimientos durante todo el año.

De esos 18.892 concursos, 10.006 correspondieron a particulares, mientras que los 8.886 restantes se repartieron entre personas jurídicas (5.374) y personas físicas con actividad empresarial (3.512).

Desglosados los datos por comunidades autónomas, fue Cataluña la que registró el mayor numero, 2.642, seguida de Madrid, con 1,661; Andalucía, con 1.307, y la Comunidad Valenciana, con 1.243.

Cataluña también ha sido donde más concursos de empresas se registraron, 2.976 –el 33,5 % del total nacional-, seguido por Madrid, con 1.518 y por la Comunidad Valenciana, con 1.178.

Demandas de despido

Las 117.293 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en 2021 supusieron una disminución del 9,3 por ciento respecto a las registradas el año anterior y del 2,3 por ciento respecto a 2019.

Por territorios, Madrid –con 24.416, el 20,8 % del total nacional- es la comunidad autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña, con 21.796, y Andalucía, con 17.484, mientras que en la Región de Murcia hubo 208 por cada 100.000 habitantes.