«Las autorizaciones ambientales no pueden paralizar una comunidad autónoma». Retrasos en la evaluación de impacto de plantas fotovoltaicas; inspecciones de vertidos, instalaciones o generación de residuos, tramitación de expedientes para el sector ganadero o la industria regional. El atasco que sufre la administración regional en los trámites ambientales está causando un fuerte impacto en la economía murciana. Es tal el retraso acumulado que los empresarios aseguran que proyectos interesantes que tenían previsto recalar en la Región en los últimos años se han marchado a otras comunidades por estos motivos.
En un comunicación interna de la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección General de esta área reconoce que existen 2.150 expedientes pendientes de resolver solo para autorizaciones ambientales. Entre los problemas más sangrantes están los retrasos en las adaptaciones de las autorizaciones ambientales integradas concedidas a empresas de la Región que deben ajustarse a la normativa europea. Una normativa que se publicó en 2016, que daba un plazo de cuatro años para modificar las autorizaciones y en 2021 quedaban pendientes de resolver 243. La mayoría de estos expedientes atascados (un centenar) son de adaptaciones para explotaciones ganaderas, pero también se ven afectadas compañías importantes de tratamiento de residuos, del sector agroalimentario o instalaciones de combustión (en total 52 complejos industriales).
«Hay casos de inversiones que se iban a hacer en la Región de Murcia que se han marchado a otros puntos de España porque los trámites se eternizaban», señala Daniel Robles, presidente de la Asociación de Empresas del Medio Ambiente de la Región de Murcia. Esta patronal lleva años denunciando los continuos retrasos que se producen en los trámites ambientales que deben pasar las empresas de forma obligatoria: «No se trata de eliminar pasos en la tramitación de expedientes, se trata de hacer más ágil esta tarea, evitar procesos redundantes y suprimir cuellos de botella».
En opinión de Robles, el problema no se resolvería con la contratación de funcionarios por la falta de personal en la Consejería de Medio Ambiente, como señalaba ayer el consejero Antonio Luengo en la Asamblea para justificar el atascos de los más de 2.000 expedientes. «Hay que llevar a cabo una trazabilidad de la administración para localizar dónde se producen los atascos y hay que simplificar trámites para eliminar los que se repiten».
Hasta ocho años esperando
«Si nos fijamos en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, nos damos cuenta de que se publican muy pocas autorizaciones ambientales». Robles señala casos de empresarios que han esperado hasta ocho años para solucionar un trámite ambiental y ni siquiera han obtenido la autorización.
La queja de esta patronal de las compañías ambientales ya es más que conocida por la Administración regional y, en sucesivas reuniones con la Consejería, su presidente ha hecho mención a la necesidad de agilizar los expedientes. Robles no entre a valorar los efectos de la reforma de la Ley de Protección Ambiental al haberse aprobado, en 2020 con motivo de la pandemia, pero se muestra claro en una cosa: «Es evidente que no salen expedientes».
