El Juzgado de Instrucción de Murcia que ha investigado un presunto caso de corrupción en la adjudicación a dedo de contratos de obras y servicios en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha acordado la continuación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado contra nueve de ellos y la exculpación de otros 24.

Entre los nueve investigados contra los que se acuerda el procesamiento figura el que es considerado “pieza principal o cabeza del organigrama” de la presunta trama delictiva, M.B., que fue habilitado pagador del citado órgano de cuenca, junto con su esposa, tres hijos del matrimonio y la esposa de uno de estos.

También figura la que fue secretaria general de la CHS entre los años 2004 y 2010, P.M., a la que se atribuye su colaboración en la presunta adjudicación irregular de contratos de obras menores a las empresas supuestamente beneficiadas por los mismos y que habría tenido como contrapartida la contratación de su hijo en una de ellas.

Entre los investigados para los que se decreta el sobreseimiento de las actuaciones por no aparecer indicios de criminalidad contra los mismos figuran el excomisario de Aguas de la Cuenca del Segura Manuel Aldeguer; el exdirector técnico de la CHS Joaquín Ezcurra, y la expresidenta de este organismo Rosario Quesada.

También se acuerda el archivo de las actuaciones con respecto a otros dos investigados porque pese a existir indicios de actuaciones presuntamente ilícitas los hechos estarían prescritos.

Señala el auto que el presunto fraude comenzó a ser investigado en 2018 por la Jefatura Superior de Policía de Murcia tras recibirse en la misma una denuncia anónima que alertaba de que en la CHS se podían estar cometiendo diversos delitos por la adjudicación ilegal de concursos menores de obras y servicios.

Esa denuncia ya facilitaba los nombres de los presuntos autores, entre ellos, el de M.B., por lo que la Policía solicitó del juzgado la autorización para la entrada y registro en el citado órgano de cuenca, que permitió la recogida “de una ingente cantidad de documentación”, a la que se unió la derivada de otras actuaciones policiales y judiciales.

A la hora de concretar los presuntos delitos que abrían cometido los investigados, el juzgado señala que el supuesto cabecilla, M.B., aunque no figuraba como administrador de las dos sociedades principales beneficiarias de las adjudicaciones, ya que en las mismas aparecían como fundadores y administradores, sus hijos, sí participaba de su gestión.

Considera el juez que puede haber cometido los presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, mientras que a su esposa le atribuye el primer delito, lo mismo que a sus hijos, a los que añade el de prevaricación, mientras que a P.M la inculpa por los dos primeros delitos citados.

El auto, según se indica en el mismo, puede ser recurrido en reforma en el plazo de tres días y en apelación en el plazo de cinco.