Después de más de un año y medio, esta mañana se celebró el juicio contra Vox por la expulsión de tres de sus cuatro diputados en la Asamblea Regional, que siguen controlando el grupo parlamentario: Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco José Carrera.
Los tres acudieron a la vista celebrada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cartagena, en la que su abogada dio por acreditado que Vox vulneró derechos fundamentales de sus defendidos, por lo que pide la readmisión de estos en el partido y la nulidad de las elecciones internas que eligieron a José Ángel Antelo presidente provincial.
Desde la formación de Santiago Abascal —que estaba llamado como testigo y no apareció— defienden que el Comité de Garantías resolvió expulsar a los demandantes después de que estos decidieran retirar los poderes contables y de contratación a cuatro cargos nacionales, entre ellos, el secretario general del Vox, Ortega Smith, a pesar de que fueron informados previamente cómo se gestionaba el personal y el dinero de cada grupo parlamentario. El control desde la dirección nacional de sus cuentas y de su personal fue aceptado por los cuatro diputados de la cámara murciana, defienden. "Se admitió la coordinación con el partido", explicó el abogado de Vox.
"Sin el conocimiento de las personas apoderadas, revocaron los poderes y despidieron al personal. Es lo que se tiene que valorar", opinan los demandados, que destacan que fueron Liarte, Campuzano y Carrera los que provocaron una "ruptura unilateral abrupta".
Los demandantes, por su parte, denuncian "falta de formalidad" en el proceso, entre otros motivos, porque ninguno de los acuerdos y actas de las distintas reuniones que desembocaron en la decisión de expulsarles está firmado. "Que fueran telemáticos no es una excusa", indica la abogada.
Reconoce la letrada que los demandantes revocaron los poderes, los despidos y que no firmaron el reglamento interno del grupo parlamentario. No obstante, achaca ese comportamiento a presuntas "irregularidades" de las que sí informaron a la dirección nacional Liarte, Campuzano y Carrera. Además, sobre el despido de trabajadores, apunta a que se hizo porque estaban "a las órdenes de Juan E. Pflüger", responsable nacional de prensa de Vox. "Les consideraban equipo de comunicación del partido, algo ilegal", señala, porque están para colaborar con el trabajo del grupo parlamentario.
Además, ha reclamado la nulidad de las primarias que proclamaron en septiembre de 2020 presidente regional de Vox a Antelo, que era presidente de la gestora regional durante el proceso de expulsión, porque el Comité de Garantías no resolvió el recurso de reposición presentado por los expulsados, imposibilitando que pudieran presentarse o votar y vulnerando así su derecho de participación política, misma postura que ha expuesto el fiscal del caso, Orencio Cerezuela.
El Ministerio Fiscal, se ha manifestado en su informe a favor de las tesis de los demandantes, reclamado la nulidad de la expulsión en base a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2016, ya que "apoderar a terceros va en contra del propio reglamento de la Asamblea Regional". Defiende que la dirección nacional no puede imponer al Grupo Parlamentario Vox sus trabajadores porque, de esta manera, "los parlamentarios eran responsables de personas a las que no habían contratado". En este sentido, subraya que no firmaron el reglamento interno porque "tenían dudas de que fuera legal el apoderamiento a terceros".
Antelo y Ortega Smith, testigos
En la vista han testificado el propio Antelo y el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Este último defendió que el sentido de que se otorguen poderes a terceras personas para "revisar qué se hace con el dinero público" forma parte del "sistema de supervisión" del partido. Un 'modus operandi' que, además, permitía a los apoderados la capacidad de contratar al personal para "evitar enchufismos".
Ortega Smith declaró que "para poder ser cargo público se exige transparencia absoluta", al contrario de lo que sucedió con Liarte, Campuzano y Carrera, prosiguió, cuando revocaron los poderes, produciendo una "quiebra de la lealtad".
José Ángel Antelo insistió en que los "graves hechos" que estaban cometiendo los demandados le forzaron a denunciar al Comité de Garantías a los diputados del partido. Aseguró ante el juez que "se saltaron las directrices del partido" y "actuaron contra la dignidad de los trabajadores del grupo parlamentario". Según él, Mabel Campuzano se dirigía "a gritos" al personal que más tarde fue despedido. "Yo no iba a ser corresponsable de todo eso", sentenció.
