Cascada de archivos de denuncias judiciales por la muerte de aves protegidas en tendidos eléctricos

Una verdadera carnicería aviar bajo los tendidos eléctricos en muchos territorios de la Región de Murcia. La muerte por electrocución de aves rapaces protegidas es una constante y ni siquiera termina de acabar con esta tragedia ambiental los trabajos para reforzar la seguridad en las torres de alta tensión de las compañías eléctricas o de titulares particulares. Desde 2008 las nuevas líneas eléctricas que se instalan en la comunidad deben estar diseñadas para garantizar la protección de las aves, pero el problema reside en aquellas que acumulan más años de antigüedad, y también un historial de muertes que no cesa.

La electrocución supone la principal causa de fallecimiento para diversas especies de aves gravemente amenazadas y protegidas, señalan organizaciones como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y la Asociación Naturalista de Jumilla (STIPA). Ambas organizaciones, junto a otras entidades naturalistas locales como Anida, han presentado batalla en el campo judicial. De esta lucha en los juzgados han logrado que la Fiscalía de la Región de Murcia tramite por la vía penal el caso de seis búhos reales muertos en Jumilla por un tendido eléctrico de propiedad privada, perteneciente a una comunidad de regantes. Serán los juzgados de este municipio los que diriman si ha podido existir un posible delito contra el medio ambiente por parte del titular de la línea eléctrica.

Frente a esta primera victoria del pasado mes de octubre siguieron en diciembre varias derrotas en vía judicial. La Fiscalía archivaba cinco casos de electrocución denunciados por ANSE y la asociación Caralluma en los que murieron un total de seis aves protegidas, búhos reales en este caso, localizadas entre marzo y abril de 2021. Uno de los ejemplares fue hallado bajo una torre privada en el paraje de La Contraparada de Javalí Viejo (Murcia), otros dos en las cercanías de un tendido de la Confederación Hidrográfica del Segura próximo a la urbanización Los Conejos (Molina de Segura), uno más en Caravaca de la Cruz, otro en el Puerto de la Cadena de Murcia cuyo propietario es Iberdrola y otro en Torre Pacheco.

Las razones que esgrime el Ministerio público es que estos sucesos se produjeron fuera de los ámbitos de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y de las zonas de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. En uno de los casos, denuncia ANSE, llegó a ocurrir a 50 metros escasos de un terreno protegido.

Las principales víctimas son los ejemplares jóvenes que se dispersan al abandonar el nido a partir de septiembre

La Fiscalía señala que no aprecian «incumplimientos reiterados» respecto de lo que obliga la normativa estatal, ya que algunos de los propietarios han corregido dichos apoyos señalados o que no han desobedecido los requerimientos para llevar a cabo estos cambios por protección de la avifauna realizados por la Consejería de Medio Ambiente. «No se puede apreciar una acción u omisión dolosa o negligente» y señala a las sanciones vía expedientes administrativos para depurar responsabilidades. «Será en el caso de que se produzcan nuevos incidentes de colisión o electrocución en dichos apoyos, sobre los que ya estaría advertida la titular de la línea para su corrección, cuando se pueda apreciar» la culpabilidad en cuanto a un delito contra el medio ambiente. El fiscal ya había archivado en julio de 2021 las diligencias abiertas por la muerte de dos búhos en un tendido eléctrico situado en Mazarrón, perteneciente a Iberdrola, y próximo a la ZEPA de la Sierras de las Moreras, Almenara y Cabo Cope. En ese caso, el Ministerio fiscal argumentó los mismos motivos. Otras denuncias recientes en Yecla o en Los Martínez del Puerto (Murcia) también se cerraron por corrección de los apoyos por parte de los propietarios.

El desastre que no cesa

Los cadáveres de tres cernícalos, un halcón y un búho real fueron localizados a finales de 2021 bajo dos tendidos eléctricos en una zona rural próxima a Valladolises. Una zona que no es de protección para las aves pero que acumula un historial de peligrosidad conocida por organizaciones como ANSE. El biólogo Jorge Sánchez, miembro de la entidad naturalista, pone el foco en la llanura litoral de la Región, un «matadero» de aves que va desde los Saladares del Guadalentín hasta el Mar Menor y que escapa a los terrenos protegidos contra la electrocución de aves. Por ello, reclama al Gobierno regional que amplíe el perímetro de esta figura de protección con urgencia a toda la comunidad para que abarque zonas rurales donde caen una gran cantidad de especies como águilas reales, búhos reales o perdiceras. «Deberían aplicar la ley de Responsabilidad Ambiental y sancionar en firme a las compañías eléctricas».

Julián Castaño, biólogo y secretario de Anida, remarca que el Altiplano ha sido zona de peligro constante para las aves, por tendidos eléctricos en zonas rurales y zonas periurbanas que no tienen protegidos sus apoyos. Aunque las muertes ocurren por similar en todas las épocas del año, preocupan los meses desde septiembre a diciembre, «cuando los ejemplares jóvenes se dispersan al abandonar el nido y acaban posándose en estas torres de alta tensión».

Organizaciones como ANSE, Ecologistas en Acción, Naturactúa, Meles, Anida, Ulula, Stipa o Caralluma siguen denunciando sucesivamente la muerte de aves protegidas.

La Comunidad corregirá 646 apoyos con una inversión de 1,9 millones

La Consejería de Medio Ambiente corregirá un mínimo de 646 apoyos de tendidos eléctricos hasta 2026, para lo que invertirá un total de 1,93 millones de euros asignados por el Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de modificar las torres de alta tensión causantes de electrocución a especies de avifauna amenazada. En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente celebrada en abril de 2021, a la Región se le asignó esta cantidad, de la que ha presupuestado para gastar este año un total de 438.973 euros. Estos proyectos deberán comenzar antes de 2024. 

Por otro lado, la Consejería está tramitando un total de 123 expedientes sancionadores por la muerte de aves en estas circunstancias, de los cuales 52 están en investigación a la espera de un informe técnico, 60 con un requerimiento a los propietarios para que corrijan los apoyos y once con un acuerdo de inicio o propuesta para esas correcciones. La asociación ANSE denuncia que ninguno de estos expedientes acaba en sanción para la compañía y que la mayoría de estos son dirigidos contra Iberdrola, firma eléctrica propietaria de una gran cantidad de tendidos peligrosos en la Región. Pese a ello, la Fiscalía ha archivado las denuncias contra la eléctrica por no detectar omisión en el deber de corregir esos tendidos. 

Según los datos de la Dirección General del Medio Natural facilitados a la asociación valenciana ADENSVA, desde 2012 a 2020 se ha registrado la muerte de 933 aves y 8 mamíferos en tendidos eléctricos. Casi 300 ejemplares de búho real, más de 150 cernícalos u otras especies muy afectadas como el buitre leonado (61), el águila culebrera (51) o la cigüeña blanca (43) son algunas de las aves más afectadas.