Cerdá y Quesada, camino del banquillo por permitir vertidos con nitratos al Mar Menor

El juez ve indicios delictivos en la actuación de estos ex altos cargos por haber omitido por completo cualquier tarea de inspección en la cuenca del Mar Menor, una tarea obligatoria que pasó por alto los posibles vertidos que se habrían realizado a la laguna empleando una compleja infraestructura de salmueroductos y desalobradoras entre 2010 y 2014, años en los que se ha centrado esta primera parte del caso Topillo. En su auto de procedimiento abreviado, el titular de Instrucción señala también a 38 empresas agrícolas del Campo de Cartagena por causar estos vertidos con nitratos cuyo daño estaría valorado en casi 20 millones de euros.

Entre quienes podrían acabar en el banquillo, el juez acusa al exconsejero Cerdá de omitir los controles en el uso de los nitratos, una competencia que achaca al Gobierno regional, y de imposibilitar por ello la imposición de sanciones a quienes incumplían la normativa autonómica. Al respecto, la resolución recoge indicios de que «esta omisión pudo ser deliberada», señala Garrote, quien incide en que a Cerdá «aparentemente no le preocupaba la posible afectación de los nitratos de origen agrícola al estado del Mar Menor ni, por lo tanto, consideraba necesarias las medidas de descontrol sobre su uso».

Respecto a las actuaciones de la CHS, el auto recoge que este organismo tuvo conocimiento desde 2007 que en el Campo de Cartagena había un gran número de explotaciones con desaladoras privadas sin autorización que extraían agua del acuífero para desalobrarla y verter el rechazo de nuevo al subsuelo o a la red de salmueroductos creada y que terminaba «a escasos metros de la desembocadura de la rambla del Albujón en el Mar Menor».

La actitud permisiva de los altos cargos del organismo de cuenca señalados «facilitó y motivó que una multiplicidad de agricultores y empresas agrícolas ubicadas en el campo de Cartagena utilizaran máquinas desaladoras careciendo de cualquier tipo de autorización o control para el vertido de la salmuera resultante del proceso». Y que, en muchos casos, extrajeron agua «desde pozos clandestinos, no autorizados, y careciendo a su vez de contador o elementos de control que permitiesen racionalizar su uso».

No tenían constancia

En las declaraciones que realizaron ante el juez, Cerdá señaló por su parte que la degradación de la laguna se debía a las lluvias torrenciales o cremas solares y desperdicios de turistas, al tiempo que negaba conocer las actuaciones contaminantes de las empresas agrícolas. La expresidenta de la CHS, Rosario Quesada, acusó a su equipo, en concreto a la comisaría de Aguas, de la permisividad y falta de vigilancia del entramado de conductos en el campo y de no tramitar expedientes de control y de sanción por los vertidos al Mar Menor pese a que varios testigos apuntaron a que era la presidencia del organismo quien paraba las inspecciones en el campo.

El juez emplaza a la Fiscalía y a las acusaciones particulares (Ecologistas en Acción, ANSE y Greenpeace) a presentar sus escritos de acusación en diez días antes de decidir si se abre juicio oral. Por prevaricación ambiental, los acusados se pueden enfrentar a una pena de prisión de seis meses a tres años.

Una de las causas del «deterioro irreversible y catastrófico» de la laguna

El magistrado Ángel Garrote cuantifica y detalla en su auto de apertura del procedimiento abreviado, paso previo a fijar juicio oral contra los acusados, la forma en de que cada una de las empresas investigadas vertieron presuntamente los rechazos de salmuera que acababan en el acuífero o en el Mar Menor. Así, para cada empresa, el instructor concreta, de manera indiciaria, los metros cúbicos de agua que se extrajo del subsuelo a través de desaladoras, la concentración de nitratos y la conductividad del pozo que presuntamente alimentaba la desaladora y los metros cúbicos de rechazo de la actividad de desalación al salmueroducto que desemboca en la Rambla del Albujón, a escasos metros del Mar Menor. 

Vertidos, que, según la resolución, suponen «un grave riesgo para el equilibrio de los diversos sistemas naturales y hábitats que conforman el Mar Menor en función de su magnitud, influencia, extensión y contaminación asociada». Y que, «conjuntamente con el resto de los que se atribuyen a los diferentes investigados esta causa, ha podido ser una de las causas principales del deterioro irreversible y catastrófico del ecosistema del Mar Menor».

Del valor económico de los daños causados (cifrado en 19,47 millones de euros), destacan en esa suma cinco empresas cuya responsabilidad civil superaría, según la estimación del instructor, el millón de euros (Pozo Camachos, Ciky Oro, El Montes y Los Triviños), y una última, la multinacional GS España, que superaría los 2,5 millones.

Por último, el auto recoge las conductas imputables a Insal y sus administradores, mercantil dedicada a instalar máquinas desaladoras y suministrar consumibles para que estos sistemas puedan funcionar a empresas radicadas en el Campo de Cartagena y los indicios de que la actividad se realizaba a sabiendas de que desalación en la zona estaba prohibida. El magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto de 19 investigados.