El magistrado Ángel Garrote cuantifica y detalla en su auto de apertura del procedimiento abreviado, paso previo a fijar juicio oral contra los acusados, la forma en de que cada una de las empresas investigadas vertieron presuntamente los rechazos de salmuera que acababan en el acuífero o en el Mar Menor. Así, para cada empresa, el instructor concreta, de manera indiciaria, los metros cúbicos de agua que se extrajo del subsuelo a través de desaladoras, la concentración de nitratos y la conductividad del pozo que presuntamente alimentaba la desaladora y los metros cúbicos de rechazo de la actividad de desalación al salmueroducto que desemboca en la Rambla del Albujón, a escasos metros del Mar Menor.

Vertidos, que, según la resolución, suponen «un grave riesgo para el equilibrio de los diversos sistemas naturales y hábitats que conforman el Mar Menor en función de su magnitud, influencia, extensión y contaminación asociada». Y que, «conjuntamente con el resto de los que se atribuyen a los diferentes investigados esta causa, ha podido ser una de las causas principales del deterioro irreversible y catastrófico del ecosistema del Mar Menor».

Del valor económico de los daños causados (cifrado en 19,47 millones de euros), destacan en esa suma cinco empresas cuya responsabilidad civil superaría, según la estimación del instructor, el millón de euros (Pozo Camachos, Ciky Oro, El Montes y Los Triviños), y una última, la multinacional GS España, que superaría los 2,5 millones.

Por último, el auto recoge las conductas imputables a Insal y sus administradores, mercantil dedicada a instalar máquinas desaladoras y suministrar consumibles para que estos sistemas puedan funcionar a empresas radicadas en el Campo de Cartagena y los indicios de que la actividad se realizaba a sabiendas de que desalación en la zona estaba prohibida. El magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones con respecto de 19 investigados.