En pleno desarrollo de varios aspectos normativos de la nueva ley estatal de educación que el Gobierno regional intenta esquivar y tras el debate sobre el lenguaje inclusivo y su uso en los libros de texto, el secretario de Estado de Educación pisa Murcia para asistir a la inauguración de la LXI Asamblea General de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA).

Este curso los centros educativos de la Región se han quedado sin profesores de refuerzo por la covid y la crítica que parte del Gobierno de Murcia es que no ha habido fondos para ello.

En el año 2020 hubo un dinero general en el que sí estaban destinados 2.000 millones para educación, y en este año ha habido un fondo 13.500 millones que ha ido a las comunidades para los servicios públicos esenciales como educación o sanidad, pero no especificaba una cantidad precisa y quedaba en manos de las comunidades gestionarlo. Hay muchas comunidades que este curso están usando el dinero para cubrir un personal de apoyo o refuerzo, y lo que ya han reclamado algunas autonomías es que haya dinero para el año 2022.

La nueva ley de educación o Lomloe ha sido objeto de crítica de comunidades como Murcia e incluso se han desplegado mecanismos jurídicos para esquivar varios puntos, entre ellos la selección de directores o la admisión de alumnos.

Las leyes orgánicas en un sistema descentralizado como el español tiene que dejar margen a las comunidades para el ejercicio de su tarea de desarrollo. Pero lo que es cierto es que la ley da unas normas claras. En la Delegación del Gobierno tenemos los servicios de alta inspección, personas que hacen el seguimiento de la normativa autonómica para comprobar que no se extralimita y que está en el marco de la estatal. El año pasado ocurrió con la polémica del pin parental. Cuando vimos que había unas instrucciones de curso que incumplían la normativa lo recurrimos.

¿Teme una disparidad de criterios entre las comunidades con el desarrollo autonómico de la Lomloe?

No creo que haya más disparidad de criterios de la que ha habido siempre y seguirá habiendo. Quienes conocemos el mundo educativo sabemos que cada centro es un mundo y trabajan de acuerdo al alumnado que tienen, incluso no reciben el mismo tratamiento pedagógico dos grupos de un mismo curso en un mismo centro porque tienen características y alumnado diferentes. A veces nos inquieta mucho que haya criterios diferentes pero ahora estamos favoreciendo la movilidad entre países europeos y estamos reconociendo los estudios de esos países, y las diferencias entre ellos son muchísimo más grandes que las que hay entre comunidades. Creo que no hay diferencias que atenten a la equidad del sistema. La imagen que a veces se da es que hay confrontación pero a la hora de la realidad no es tal, son más las cosas que nos unen.

Un problema en la Región es la baja tasa de escolarización de niños de 0 a 3 años y las escasas escuelas que hay (14 solo gestionadas por la Comunidad).

En el mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia hay un plan para la creación de plazas públicas de 0 a 3 años, pueden ser de la administración regional o local, y también trae fondos para el acondicionamiento de los centros o gastos de funcionamiento o personal, en este último caso durante un tiempo limitado. Hasta 2023 se podrán crear 67.000 plazas en el conjunto de España, y Murcia tendrá 40 millones en tres años para la creación de casi 4.000 plazas. El dinero va a llegar a finales de 2021 para comenzar a invertirlo en 2022. Ahora las comunidades no pueden decir que no reciben recursos para esto.

La tasa de fracaso y abandono escolar en la Región es de las más elevadas. ¿Cómo se combate esto?

Hay diversas líneas de actuación. Una es toda la reforma de ordenación y currículo del Ministerio que va en esa orientación. El asunto fundamental es que vayamos a acciones de refuerzo y recuperación lo antes posible. Antes de pensar que el alumnado se le ayuda con la recuperación, porque no es así, hay que apostar por el refuerzo previo y la recuperación posterior. Eso debería actuar en favor de una continuidad de los estudios. En segundo lugar, hay que empezar con los niños más pequeños, donde está la población más vulnerable y que tiene más dificultades, para mejorar su escolarización. Luego, en un efecto más cercano, reforzar la Formación Profesional y la creación de plazas, y este año hemos pasado el millón de puestos en España. Nuestros indicadores nos dicen que vamos bien y que hemos reducido la tasa de abandono temprano, pero las comunidades que van con un retraso mayor deberán hacer un esfuerzo.

¿Cómo ve el debate que se ha generado en torno al lenguaje inclusivo en los libros de texto?

El lenguaje ayuda a la inclusión y rechazarlo implica estar a favor del lenguaje excluyente. Hay muchas manifestaciones y hay maneras que son muy naturales de expresarse que no crean ninguna distorsión. Sobre los libros de texto, la Consejería sabe que no tiene capacidad de autorización ni de imposición. Son los centros y el profesorado el que elige los tomos. Cuando alguno se aprecia de defender la libertad tiene que pensárselo, porque corren el peligro de actuar en contra de dos libertades: la de cátedra y la libertad de mercado, ya que los editores no tienen que pedir autorización tampoco. Este no es el tema central de las cuestiones educativas a las que debemos de dar respuesta.

¿Qué opina de que la consejera de Educación de Murcia haya asegurado en varias ocasiones que no se ha vacunado?

Creo que todos debemos ser suficientemente responsables, es un asunto no ya individual sino colectivo. Teniendo en cuenta que hay personas que no se pueden vacunar por diversas razones, esto debería ser una razón de más para que la solidaridad colectiva logre que estas personas estén en menor riesgo. Dicho esto, que cada uno haga lo que crea.

«Estudiaremos si eliminar la moratoria de las recuperaciones de la ESO o si se puede reformular»

El año pasado las aulas sirvieron como espacios seguros contra la covid. Ahora está subiendo la incidencia de casos. ¿Cómo están los centros ahora mismo?

No ha habido un cambio drástico de tendencia. Hoy (por ayer) no había ningún centro cerrado en España y las tasas de las aulas confinadas estaban de promedio por debajo del 0,1%. Los centros tienen una enorme ventaja que el año pasado se puso de manifiesto y es que sirven de lugares de detección, hacen una función de seguimiento de los casos que es muy valioso para frenarlos. Hay que actuar con prudencia, no podemos decir que el problema está resuelto, la prudencia hay que mantenerla aunque los casos hayan aumentado un poco. 

¿Se ha aparcado el debate de quitar las mascarillas en los patios? 

Esa es la sensación que yo tengo. Algunos que estaban presionando muy fuerte están actuando prudentemente ahora. Es verdad que sobre todo en el patio con niños pequeños es difícil que se respete el metro y medio de espacio, pero si todo va bien y en las navidades no hay una mayor incidencia creo que será el momento de plantearlo. 

¿Cómo se va a resolver la moratoria de los exámenes de recuperación tras el ‘no’ del Consejo de Estado?

El real decreto incluyó la moratoria reclamada por algunas comunidades, la ministra lo introdujo pero el Consejo de Estado ha puesto algunas pegas sobre esto. Nuestros equipos jurídicos lo están estudiando para ver si hay que eliminar completamente la moratoria o se puede reformular de otro modo. En algunas comunidades estas recuperaciones de la ESO se han eliminado pero en otras se mantienen. Tenemos que ver si hay algún margen jurídico. 

Hay organizaciones dentro de la comunidad educativa que protestan por no tener unos criterios tan claros para la titulación y promoción de los alumnos

Entendemos esta preocupación. Lo que el decreto cambia y creo que lo cambia para bien es que, frente a una mera contabilidad de materias, lo que hace es atribuir al equipo docente la responsabilidad de determinar cuándo un estudiante va a tener más beneficio al pasar de curso o repetir. Hasta ahora solo era contabilizar materias. Ahora, de manera clara, se le atribuye una responsabilidad al equipo docente. Lo que dice la ley es que aquellos que tengan dos materias pasan de curso, en eso no ha habido novedad, pero a partir de ahí son los profesores los que lo deben valorar. No es cuestión de que ahora van a pasar los alumnos con cualquier número de suspensos, sino aquellos que el equipo docente considere que es mejor que pasen a que repitan. Cuando un alumno repite, le hacemos repetir esas materias suspensas más todas las otras que no suspendió, le frenas la progresión, y los docentes sabemos que tiene una falta de motivación. 

¿Qué proponen que hagan las comunidades?

Las comunidades tienen unas competencias para regular este procedimiento pero no pueden volver a un sistema de cómputo de materias. Sí se puede aprobar que para que un equipo docente decida que el alumno puede pasar de curso debe haber un acuerdo mayoritario o de dos tercios de los profesores. Esto las comunidades lo pueden hacer, y desde el Ministerio hemos ofrecido trabajarlo conjuntamente.