La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anulaba el impuesto de la plusvalía declara la «intangibilidad» de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la resolución (26 de octubre), lo que significa que no podrán ser tocadas. Sin embargo, consideran «situaciones consolidadas» las liquidaciones provisionales o definitivas de la plusvalía que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse sentencia.
Para Adrián López, de Tertium Abogados y Mateos Ruiz Consultores, de esta manera el TC «vulnera la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho de acceso al recurso», por lo que anima a los afectados a reclamar la devolución de la plusvalía aunque haya pasado el plazo del 26 de octubre. «Paradójicamente, el Constitucional se carga un principio constitucional», afirma, y achaca a «intereses políticos y económicos» la decisión del alto tribunal, que se escudó en el caos que puede suponer una sentencia de semejante trascendencia para eliminar el efecto retroactivo.
"Paradójicamente, el Tribunal Constitucional se ha cargado un principio constitucional"
Desde este despacho de abogados entienden que hay muchas posibilidades de que el caso llegue a los tribunales europeos y que el fallo del TC sea tumbado, tal y como pasó con las cláusulas suelo con una sentencia del Tribunal Supremo en 2016. «Pero para cuando eso pase, quien no reclame ahora perderá su oportunidad, siempre y cuando estén aún dentro del plazo de reclamación», puntualizan.
Por otra parte, desde Tertium Abogados subrayan que la sentencia del Tribunal Constitucional aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que dudan que una simple comunicación del fallo tenga validez suficiente.
«No se pierde nada»
Isaac Abad, de Abad Abogados y responsable de la sección Fiscal del Colegio de Abogados de la Región de Murcia, considera «discutible» que en el fallo se diga que «no cabe devolución» de las rectificaciones de autoliquidación y, además, afirma que «ningún mal puede hacer al contribuyente el solicitar la devolución de ingresos indebidos». De esta manera, explica, se «mantiene vivo el procedimiento»; es decir, «se conseguiría la interrupción de la prescripción». También cree posible, si se deniega la devolución del impuesto, acceder a otras jurisdicciones que sí puedan fallar en favor del contribuyente, aunque avisa de que este procedimiento «se puede alargar».
"No se pierde nada por pedir la devolución y así se interrumpe la prescripción"
Asimismo, el letrado señala que la reclamación «no supone ningún coste ni gasto», ya que simplemente hay que presentar un recurso al propio organismo que cobró el tributo; es decir, a la corporación municipal.
Para Abad, «lo deseable» hubiera sido que el poder legislativo hubiera resuelto «antes» esta cuestión, ya que, como indica el Tribunal Constitucional en la nota de prensa en la que adelantó la sentencia, había otros fallos previos que indicaban que la normativa debía ser reformada. «Es un tirón de orejas», dice.
FMRM: "Esto le tocaba a Montoro y lo ha resuelto Montero"
Manuel Pato, secretario general de la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM), cree que el nuevo decreto ley que regula el impuesto de la plusvalía «está más cerca de la justicia con los ciudadanos» y «otorga seguridad jurídica a los ayuntamientos».
Por un lado, ve lógico que los contribuyentes paguen el impuesto si se han enriquecido, pero no si no se han beneficiado, como recoge la nueva norma. Y por otro, recuerda que este tributo supone el 5% de los impuestos recaudados por los ayuntamientos, de los cuales, los murcianos «son los peor financiados de España».
Desde la FMRM subrayan que ya había sentencias judiciales anteriores que ponían en tela de juicio este impuesto; sin embargo, «han esperado a que el Tribunal Constitucional l tumbe las plusvalías para salir corriendo». En este sentido, Pato comenta que «esto le tocaba a Montoro y lo ha resuelto Montero».
El secretario general del organismo achaca lo ocurrido al estado del sistema de financiación local, que tacha de «obsoleto» porque disminuye la capacidad financiera de los ayuntamientos en favor de las comunidades autónomas. «Va a la contra porque el ciudadano no va al consejero cuando tiene un problema, sino al alcalde», afirma, ya que «las competencias están relacionadas con la proximidad de los servicios al ciudadano».
Gestha advierte de riesgos de inconstitucionalidad por el decreto ley
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven un «riesgo de inconstitucionalidad» en la nueva regulación de la base imponible de la plusvalía municipal aprobada ayer mediante un decreto ley, al diseñar uno de los elementos esenciales del tributo prescindiendo de una ley ordinaria. Recomiendan que, una vez convalidado, se tramite como proyecto de ley.
