El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula en algo más de 49,5 millones de euros el impacto sobre las arcas de los ayuntamientos de la Región de Murcia que supondrá la supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal.
En un informe con datos referentes al año 2021, los técnicos de Hacienda cifran en el 3,62 el porcentaje que representa la recaudación de este impuesto en los presupuestos de los ayuntamientos de la Región, que obtienen 49.520.862 euros a través de este tributo anulado por una sentencia del Tribunal Constitucional por entender contrario a la Carta Magna el método de cálculo de este impuesto.
El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda se opone a la supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, por el agujero de 2.500 millones de euros que provocaría en las arcas municipales, después de que el cálculo del tributo haya sido declarado inconstitucional y se haya paralizado de facto su aplicación, y propone sustituirlo por un nuevo tributo.
En concreto, los técnicos de Hacienda proponen un nuevo impuesto municipal de plusvalías de los terrenos -urbano y rústico-, que se determine por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión del suelo, incluidas las plusvalías generadas en menos de un año, que pueden ser plusvalías especulativas.
Gestha explica que sería un impuesto directo, de carácter real, objetivo, no periódico, de titularidad municipal y de carácter potestativo, cuyo desarrollo reglamentario seguirán siendo las ordenanzas fiscales que aprueben los ayuntamientos, tal como está configurado en la actualidad.
Miras: «El Gobierno tendría que haber fijado ya una hoja de ruta»
El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha considerado que el Gobierno de España «tendría que haber establecido ya una hoja de ruta» sobre el impuesto de plusvalía «desde la sentencia del Tribunal Supremo en 2017». A su juicio, el Gobierno central «tendría que haber establecido una mínima previsión con lo que podía pasar con este tributo; y no dejar ahora a los ayuntamientos a los pies de los caballos». López Miras considera que «es necesario una planificación». «Qué mínimo que una buena organización en torno a los tributos», ha añadido. «Soy consciente de que hay un grave problema en los ayuntamientos con las competencias impropias, y es un problema que no es menor al que tienen algunas comunidades autónomas como la Región de Murcia con la infrafinanciación del Estado», aseveró.
A su juicio, «hay que abordar las dos reformas de forma simultánea y propiciar que las comunidades tengan los recursos suficientes para que estas también puedan transferirlos a los ayuntamientos».
Asimismo, los técnicos sugieren que la plusvalía se calcule según las reglas del IRPF o el Impuesto sobre Sociedades y que a la diferencia positiva se aplique, en el caso de que esté construido, el porcentaje que represente el valor catastral del suelo sobre el valor catastral total. De esta forma, la base imponible será siempre una plusvalía del suelo, y no se exigirá el tributo si la diferencia es negativa.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, no cabe la supresión del impuesto actual por la importante pérdida recaudatoria de los municipios, sino una reforma importante; pero no debe exigirse una solución «apresurada».
