Una empresa ha solicitado autorización a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para construir en Escombreras una nueva planta destinada al suministro de las industrias instaladas en el valle en el que se concentran las grandes factorías del sector energético de Cartagena. La nueva planta, que estaría situada cerca de la ya existente, tendría capacidad para tratar unos 25 hectómetros cúbicos anuales y supondría una inversión que podría acercarse a los 50 millones de euros, según las previsiones iniciales.
La sociedad promotora del proyecto, Recursos Hídricos del Levante, ha empezado a dar los primeros pasos para conseguir las autorizaciones y los permisos necesarios para poner en marcha la nueva planta desaladora y ya está realizando gestiones ante las instituciones públicas en nombre de la mercantil Montexplo, que está representada por José Caballero.
El representante de la compañía es hijo de Miguel Caballero, uno de los socios murcianos de la empresa propietaria de la desaladora ya existente, Hydro Management, aunque sostiene que no existe vinculación entre ambos proyectos, que tendrían socios diferentes.
José Caballero explicó a La Opinión que el objetivo del proyecto es asegurar «el abastecimiento a las industrias de Escombreras». Recordó que, en principio, las factorías de Cartagena iban a ser las únicas beneficiarias de la polémica desaladora en funcionamiento, antes de que el grupo ACS entrara en el proyecto promovido por un grupo de inversores murcianos para construir una planta de reducidas dimensiones y se ampliara su capacidad tras el acuerdo con el Gobierno regional.
El organismo de cuenca ha contestado que la declaración de impacto ambiental debe hacerla la Consejería
Esta planta, que desde entonces está alquilada a la Comunidad y ha dado lugar a una investigación judicial en la que hay decenas de ex altos cargos y de ejecutivos de las empresas de ACS procesados, pretendía facilitar el abastecimiento de caudales a los nuevos desarrollos urbanísticos que en aquel momento tenían en proyecto los municipios de la Región, pero acabó dedicándose al regadío. Ahora, la CHS ha escrito a la empresa que explota esta planta, la sociedad dependiente de la Consejería de Agua y Agricultura Esamur, para que verifique que los usuarios tienen autorización para usar los caudales y cumplen las normas establecidas por el organismo de cuenca para evitar que los fertilizantes y las técnicas de cultivo sean perjudiciales para el Mar Menor.
José Caballero sostiene que el nuevo proyecto pretende dar respuesta a las necesidades de las industrias de Escombreras, que se verán acrecentadas en los próximos años, dado que los planes de introducción del hidrógeno verde como combustible alternativo harán necesario «un mayor consumo de agua».
La planta tendría capacidad para tratar unos 25 hectómetros cúbicos anuales, lo que equivale a unos 72.000 metros cúbicos diarios.
La que tiene alquilada la Comunidad aporta 22 hectómetros cúbicos anuales, por lo que resulta algo más pequeña.
De momento, la sociedad promotora se ha dirigido al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, para solicitar la declaración de impacto ambiental del proyecto.
Sin embargo, la CHS considera que la elaboración de la declaración de impacto ambiental debe elaborarla la Consejería de Medio Ambiente, como administración titular de las competencias de medio ambiente. Caballero explicó a La Opinión que, a su juicio, la nueva Ley de Aguas atribuye a la CHS la elaboración de la evaluación de impacto ambiental, en contra del criterio que mantiene el organismo de cuenca.
