El jefe de la Oficina de Prensa de la Comunidad Autónoma, Alejandro Oliva Bernal, formará parte del nuevo comité de expertos encargado de valorar las ofertas presentadas por las cinco empresas que participan en el concurso de la televisión regional, 7 TV.
El proceso de licitación, que se abrió en julio de 2020, vuelve a reactivarse después de un parón que ha durado la mayor parte de este año, ante las discrepancias surgidas en el anterior comité, que fue nombrado en diciembre de 2020 y se reunió por primera vez en enero, pero no ha realizado ningún avance desde entonces.
También forman parte del nuevo comité de expertos Francisco Martínez-Lozano, técnico consultor de la Consejería de Fomento e Infraestructuras; y Juan Antonio Más Ferrer, jefe del Servicio de Coordinación de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.
El titular Hacienda, Luis Alberto Marín, ha tenido que sustituir a los integrantes del equipo nombrado en diciembre de 2020 por su antecesor, Javier Celdrán, dado que el desacuerdo entre sus integrantes impidió llegar a consensuar la puntuación del segundo sobre de las ofertas presentadas por los cinco postores.
El primer sobre, que contiene solo la documentación oficial sobre las ofertas y las empresas postoras, es el único que dejó resuelto el comité cesado.
El tercer sobre ni siquiera ha llegado a abrirse, lo que supone que la valoración de las ofertas deberá realizarse partiendo desde cero.
Ante la disparidad de criterios existente entre los integrantes, la representante del ente público RTRM presentó su valoración a través del Registro de la Consejería de Hacienda para dar por terminada su participación en el proceso de licitación de La 7, tal y como informó La Opinión el pasado mes de agosto.
La Mesa de Contratación, que ahora preside el director general de la Agencia Tributaria de la Comunidad, Juan Marín Pérez, se reunió el pasado 9 de septiembre para resolver el embrollo legal en el que se encuentra el proceso de licitación ante "la falta de consenso" del comité de expertos nombrado por el anterior consejero de Hacienda, Javier Celdrán.
La Mesa consideró que la decisión de la representante del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM) que presentó su valoración de las ofertas a través del Registro, pese a "infringir el deber de secreto de las proposiciones de la LCSP, no tiene, sin embargo, en este momento efectos invalidantes respecto al procedimiento de adjudicación".
Resolvió igualmente que las irregularidades en el proceso "no hacen necesaria la anulación del concurso", que ya tuvo que suspenderse en el verano de 2020, lo que obligó a abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas, que terminó en diciembre.
Desde que expiró el contrato adjudicado a Secuoya hace seis años, el 30 de abril de 2020, la televisión autonómica ha seguido funcionando con un contrato directo firmado por la Comunidad con la concesionaria al amparo del estado de alarma, que el Ejecutivo regional pretende ir renovando hasta que se resuelva el concurso definitivamente.
