El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, se ha querellado contra el portavoz de la dirección regional del PSRM-PSOE y diputado de la Asamblea Regional, Francisco Lucas, por llamarlo «capo de una banda de mafiosos que han corrompido las instituciones», tras la incorporación al Gobierno de los diputados tránsfugas de Ciudadanos que votaron en contra de la moción de censura. 

El jefe del Ejecutivo regional acusa al dirigente socialista de injurias y calumnias graves y le pide 30.000 euros de indemnización por el perjuicio que las declaraciones realizadas por Lucas el pasado mes de abril han ocasionado en su imagen. Según precisa en la querella, su pretensión es donar el dinero a Jesús Abandonado.

López Miras considera que estas afirmaciones, recogidas por La Opinión y por otros medios, «fueron difundidas con el ánimo de denigrar» su «buen nombre y reputación pública en su condición de presidente de la Región de Murcia». También ve vulnerado «su derecho al honor».

Francisco Lucas había acusado al jefe del Ejecutivo murciano y al PP de la Región de «comprar a tres tránsfugas, a los que ahora se suma un cuarto, el presidente de la Asamblea Regional, que ha vendido a la Región de Murcia y ahora intentan callar al PSRM y a nuestro secretario general, que está luchando por regenerar y limpiar la mancha que está dejando López Miras con el silencio cómplice de Alberto Castillo».

El presidente le exige a Lucas que se retracte de las declaraciones realizadas, en las que lo acusaba de ser «el campo de una banda de mafiosos que ha corrompido las instituciones».

Además, le pide al diputado que las retire de las redes sociales en las que las había publicado y que «inserte una declaración fácilmente visible durante quince días, en las que reconozca que son falsas».

Lucas hizo estas declaraciones el día 9 de abril, después de que fracasara en la Asamblea Regional la moción de censura presentada por el PSOE y Ciudadanos contra López Miras.

A pesar de que los seis diputados del Grupo Parlamentario de Cs en el Parlamento autonómico habían firmado un documento comprometiéndose a apoyar la moción, el día del pleno votaron en contra Isabel Franco, que ya era vicepresidenta del Gobierno regional, Valle Míguélez y Francisco Álvarez.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Regional se abstuvo en la votación, impidiendo así que llegara a prosperar.

Valle Miguélez y Francisco Álvarez entraron a formar parte del Ejecutivo de López Miras como consejeros, aunque Álvarez dimitió varias semanas después para pasar a ser portavoz del grupo parlamentario.

El próximo 14 de octubre está convocado el acto de conciliación previo a la apertura del procedimiento judicial contra Francisco Lucas.