Varios internos del Centro Penitenciario de Monterroso (Lugo) participaban en la grabación clandestina de dos vídeos, dentro del penal, en los que se ve cómo se drogan y portan objetos prohibidos, como una tatuadora y el mismo teléfono móvil con el que captan las imágenes. Esto vídeos evidencian una realidad que lleva años pasando en las cárceles de Campos del Río y Sangonera, las dos con las que cuenta la Región.
El murciano Fran Mauri, secretario de organización nacional de Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), explica a LA OPINIÓN que, en el caso de los fármacos, «el trapicheo es diario».
En este sentido, alude a la «falta de personal sanitario» en los penales, donde «no hay enfermeros ni auxiliares suficientes» y «la medicación se suele repartir a diario, de lunes a viernes: tú vas pasando por la cola y te dan las pastillas y, a quien lo necesita, metadona». Sin embargo, «no se puede controlar si el interno que recibe la medicación se la toma o la vende», manifiesta.
«Es más fácil drogarse con las pastillas que meter droga en la cárcel», apunta Mauri, al tiempo que admite que el trapicheo de fármacos «es la tónica habitual».
En muchas ocasiones, «el fuerte amedrenta al débil y se la quitan (la medicación) y otras veces trafican con las pastillas». En cuanto a la vigilancia, remarca que «es imposible estar en todas las dependencias del módulo estando solo dos funcionarios».
Carencias de personal
En este sentido, Mauri precisa que el penal cuenta con «sala de estar, gimnasio, peluquería, patio y aseos» y que actualmente «para una media de 140 internos por módulo, hay dos funcionarios». «Y que no sea en el turno de tarde, que uno de los dos ha de encargarse de la burocracia», apostilla.
Cuando un reo es sorprendido teniendo en su poder un objeto prohibido o trapicheando con pastillas, el funcionario «se lo comunica a la dirección y se le impone una sanción, que puede ser una medida de aislamiento en celda o la privación del paseo y actos recreativos», indica el secretario de organización nacional de Acaip, que añade que «si lleva un objeto prohibido, puede ser un aislamiento de fin de semana».
Mauri recuerda que en el penal más grande de la Comunidad, el de Campos del Río, En cada módulo hay más de un centenar, con dos funcionarios vigilando. De ahí que pida a Interior «que de una vez por todas terminen de tramitar la ley penitenciaria, que se encuentran en ‘stand by’» y doten de más personal a las cárceles.
En diciembre de 2020, a raíz de que dos reos se escapasen de la prisión de Valdemoro, en Madrid, el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska dio instrucciones para reforzar las medidas de seguridad en el interior de los penales, con el fin de evitar que los presos tuvieran en sus celdas objetos prohibidos, tales como pinchos hechos de forma artesanal o móviles.
En las prisiones murciana de Campos del Río y de Sangonera no es extraño hallar aparatos prohibidos. Incluso una tatuadora artesanal. Para un recluso, tener un teléfono es una ventana de comunicación al exterior. Ahí los Nokia de toda la vida, terminales que ahora pueden parecer obsoletos, son un tesoro. Y tener uno es el origen de peleas y extorsiones, dicen fuentes penitenciarias.
En cuanto a cómo los meten tras los muros del penal, hay dos formas: que los introduzca un interno que sale de permiso y regresa o que se los lleve un familiar en un vis a vis. Entran sin ser detectados al tratarse de aparatos especialmente pequeños que caben en el recto o la vagina, explica Mauri. No son teléfonos de última tecnología: con ellos se puede llamar o mandar un SMS.
