Las «cinco adjudicaciones» realizadas por el Gobierno regional «sin fase de concurso ni libre concurrencia y apelando al trámite de emergencia por valor de 17 millones de euros a CBM Servicios Audiovisuales SL» para que el grupo Secuoya siga teniendo el control de la televisión pública de la Región de Murcia no convencen al Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM). Así lo pone de manifiesto el órgano en un comunicado en el que también denuncia que lo «curioso del procedimiento diseñado para estas discutibles concesiones es que su arquitectura normativa se ha creado desde San Esteban», sin contar con el propio Consejo.
«Nadie duda de que el procedimiento es legal pero da la impresión de haber sido especialmente diseñado para que los miembros del Consejo, nombrados por el Parlamento regional como representación de la ciudadanía, no puedan tomar ninguna decisión al respecto, como así sucede», señalan. El grupo Secuoya nombró como director general de La 7 a Antonio Peñarrubia, actual marido de Mar Moreno, secretaria general de Presidencia del Gobierno regional y que tiene el mismo rango que cualquier consejero del Ejecutivo murciano.
En un escrito firmado por José Luis Domínguez, uno de los miembros del Consejo, lamentan que este organismo «no tiene capacidad ni potestad» para intervenir en la concesión del contrato programa de La 7: «Desconocemos las negociaciones, los acuerdos y los contratos firmados en la más absoluta opacidad y al margen de la figura del Consejo», añaden.
El organismo, explican, «queda totalmente ninguneado» y figura «como mero objetivo decorativo para vender una imagen de apariencia democrática en las instituciones públicas, pero que, como se observa, no tiene ningún peso», continúa el texto.
De esta forma, el Consejo de Administración vuelve a recalcar su «malestar» y rechazo al «extraño» procedimiento usado por el Ejecutivo murciano de López Miraspara la concesión de estas cinco prórrogas, que hizo público ayer el diario InfoLibre.
Llamamiento a los partidos
Desde el Consejo de Administración solicitan la ayuda del resto de partidos políticos con representación en la Asamblea Regional «para que pongan en marcha algún tipo de iniciativa que permita recuperar al Consejo el papel que en justicia le corresponde como máxima institución encargada de velar por la adecuada calidad tanto de La 7 como de Onda regional, así como por el dinero público invertido en él».
Según las citadas informaciones, «el contrato expiraba de manera irreversible y sin opción a prórroga en abril de 2020 pero no se iniciaron los trámites para una nueva licitación hasta febrero de ese año, pese a que la anterior, iniciada en 2014, había requerido un año».
Fernández: «Es otro ejemplo más de la negligente gestión de Miras»
Entre las críticas más duras al Gobierno regional tras darse a conocer las nuevas adjudicaciones del contrato de la televisión al Grupo Secuoya está la de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Carmina Fernández, que denunció ayer que el contrato de la televisión pública de la Región de Murcia se ha convertido en «otro ejemplo más de la negligente gestión del Gobierno de López Miras, que gobierna para sus amigos y no es capaz de gestionar nada ni hacer su trabajo».
En este sentido, Fernández denunció «la ineficiencia» del Ejecutivo regional, «que, en lugar de atender los problemas reales de la ciudadanía, que es su principal responsabilidad, se dedica a gastar, condenando a la Región de Murcia a una ruina cada vez mayor».
«En el Gobierno regional y en el Partido Popular tenemos políticos tuiteros que hacen dimisiones en diferido y no son capaces de hacer su trabajo y asumir sus responsabilidades», remarcó la diputada socialista en la Asamblea.
Fernández lamentó que el Gobierno regional del Partido Popular «haya vuelto al dedazo y a lo único que de verdad sabe hacer, que es repartir dinero a sus amiguetes sin ninguna transparencia y sin dar ninguna explicación».
