Fernando López Miras, presidente del Gobierno regional, pretende crear un Observatorio del Mar Menor, que se encargará de monitorizar y realizar un seguimiento de la evolución de la laguna salada, aunque apuntó que este órgano está concebido como «un centro de referencia científica nacional e internacional». Además de ayudar en la recuperación de la laguna salada, el Observatorio servirá incluso para «la captación de fondos», según apuntó.

«El Mar Menor es patrimonio de todos y por eso está en manos de todos el contribuir en la recuperación del ecosistema y su protección para que nunca más vuelva a sufrir una crisis ecológica como la que está superando. A ese objetivo el Gobierno central destina la misma cantidad que el año anterior, cero euros, mientras que el Gobierno regional destina 55 millones», se lamentó.

También anunció la puesta en marcha de la Unidad de Vigilancia Marítima Integrada para conseguir una mayor coordinación y seguimiento de las costas de la Región. Esta Unidad funcionará como un ‘big data’ marino, una gran base de datos de información que permitirá visualizar y analizar toda la información marítima.

Además de reprochar al Gobierno central el olvido del Mar Menor y la falta de inversiones, dijo que la Comunidad, en colaboración con los ayuntamientos, va a poner en marcha la tramitación ambiental para poder acometer la limpieza de los lodos y secos de las poblaciones costeras.

El presidente recordó que estas labores son competencia del Gobierno central, pero aseguró que si el Ministerio para la Transición Ecológica no las pone en marcha, las asumirá la Comunidad para resolver los problemas que existen en las playas de poblaciones como Los Nietos o Los Urrutias.

Criticó igualmente el retraso en la llegada del AVE y responsabilizó al Gobierno central de las pérdidas que, según alguno estudios, está sufriendo la Región por no disponer de la línea de Alta Velocidad que ahora termina en la población alicantina de Orihuela.

Según las cifras que ofreció, la demora del AVE impide la llegada de 180.000 visitantes a la Región cada año, cuyas estancias darían lugar a la creación de más de 2.300 puestos de trabajo.

También culpó al Gobierno central de las consecuencias económicas que los recortes en el Trasvase tendrán en la Región. Según sus cálculos, la falta de caudales «mandará al paro a 50.000 personas» y reducirá la producción agraria y el PIB en todas las comarcas. A la lista de agravios añadió los indultos a los líderes independentistas, cuya salida de prisión tachó de «humillante».